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Reformas a Ley de Comunicación
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Expectación por las nuevas reglas
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Sin marcha atrás en lo del agua
Javier Rodríguez Lozano
AGUASCALIENTES, Ags., martes 18 de septiembre de 2018.- Ayer, Virgilio Caballero, coordinador de la fracción morenista en el Congreso de la Ciudad de México, debió haber entregado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, una propuesta de iniciativa de reformas a la Ley de Comunicación Social. Así nos lo anunciaría el pasado 7 del mes en curso, durante un diálogo sobre la relación del Gobierno Federal con los medios de comunicación y las y los periodistas, después del próximo 1 de diciembre, en el Club de Periodistas, a invitación de la Fraternidad de Reporteros de México, A.C., que preside Raúl Correa. Como ya hemos comentado en otros momentos, fueron varios los escenarios interesantes que explicaría el legislador morenista y comunicador, Virgilio Caballero, entre ellos la disminución de los montos en publicidad a las grandes empresas de medios de comunicación, la creación del Canal de TV Democrático y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comunicación. Naturalmente que este último punto es y será de la mayor importancia, si se considera que salvo el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP) que existió en los 80s, que afiliaba a trabajadores de la comunicación de periódicos como El Universal, Ovaciones y Cine Mundial, así como de algunas ciudades de provincia, jamás ha existido un organismo civil que defienda las causas de ese tipo de trabajadores. Para el próximo año de 2019, cuando corte el primer mes en las grandes empresas periodísticas y se note la importante disminución de ingresos, porque escaseará la facturación del Gobierno Federal, arreciarán los despidos, que ya empezaron poco después de las elecciones. Por ejemplo, los 100 comunicadores de Milenio, la rumorada desaparición del periódico La Razón… En abril pasado, con 205 votos del PRI, PVEM y Panal, la Cámara de Diputados aprobaría y enviaría al Senado, la nueva Ley General de Comunicación Social, con la intención de regular el gasto del Gobierno Federal en publicidad. Aquella ocasión 169 diputados del PAN, PRD, MC y MORENA, se opusieron. Argumentarían que dicha legislación no frenaría el gasto discrecional en medios de comunicación, es decir, “por abajo del agua” y manipulación política… El coordinador morenista, Virgilio Caballero, argumentaría que en los hechos con esta ley “se legalizan las campañas de promoción personalizada, se permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales, se reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de publicidad oficial, además de que avala su contratación como botín de negociación política”. No estuvo de acuerdo en que se deje a la Secretaría de Gobernación el control de un padrón de medios, y en expedir y evaluar una normatividad de la comunicación social, “cuando, lo ideal habría sido constituir un consejo con autonomía técnica y de gestión integrado por profesionales de la comunicación”. Uno de los aspectos de la nueva Ley General de Comunicación Social establece que: “En cuanto a transparencia, la información de montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social deberá ser pública y estar actualizados en los sitios de internet correspondientes”; además, “mostrar los reportes semestrales de los gastos en publicidad oficial”. Y “la Secretaria Administrativa informará bimestralmente a la Cámara de Diputados y a los congresos estatales, la ejecución de los programas y todo lo referente a la materia” … Aquel viernes 7 de septiembre, en el Club de Periodistas, Virgilio Caballero anunciaría que el 17 del mismo mes, presentaría al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una propuesta de iniciativa de reformas a dicha ley, que buscará disminuir los montos por publicidad a las grandes empresas periodísticas del país, para las cuales el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó durante su administración más de 48 mil millones de pesos… Ese anuncio ha llamado la atención a los medios de comunicación alternativos de las entidades del interior del país, que hace mucho tiempo dejaron de ser provincias, porque les impactará de manera sensible estas nuevas reglas y esperan con expectación cómo serán. Ya veremos.
LA COSA ES QUE…
Entrevistada por los medios de comunicación ayer, la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel, reiteró que no habrá marcha atrás en cancelar la concesión del agua a Veolia; qué tal.
