- Con la modificación al marco legal, se facultará a algunos agentes viales para que puedan portar terminales electrónicas bancarias por sí el infractor desea realizar el pago de su multa en el momento.
- Avalaron modificaciones al Código Civil del Estado de Aguascalientes para fortalecer los esquemas de detección, tratamiento y sanción de la alienación parental.
- El Pleno aprobó reformas a la Ley Hacendaria de siete municipios con el objeto de eliminar la exención que tenían los partidos políticos sobre el pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).
AGUASCALIENTES, Ags., viernes 12 de mayo de 2017.- El pleno de la LXIII Legislatura aprobó por mayoría con 15 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el dictamen que emitió la Comisión de Transporte Público y que resuelve la iniciativa de reformas y adiciones de la Ley de Vialidad para el Estado de Aguascalientes, la cual contempla un esquema opcional de pago de multas de tránsito en el momento de la infracción, mediante la utilización de terminales electrónica bancarias por parte de agentes viales autorizados.
La modificación, que fue propuesta por la representación del GPPAN de la legislatura anterior, establece que sólo aquellos policías viales previamente capacitados portarán en sus unidades el dispositivo electrónico y tendrán la obligación de informarle al conductor que cometa la infracción sobre los descuentos aplicables a los que tiene derecho.
Raymundo Durón Galván destacó que este mecanismo facilitará y ahorrará tiempo a quienes deseen pagar la multa e indicó que Aguascalientes debe ponerse a la vanguardia en el uso de la tecnología, al referir que este esquema ya opera en estados como Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México, el cual aseguró “inhibe posibles actos de corrupción”.
La diputada Guadalupe de Lira Beltrán, en calidad de presidente de la Comisión de Transporte Público, afirmó que esta iniciativa establece una opción más de pagar las infracciones de tránsito, y negó que los agentes de tránsito se erijan como jueces calificadores de multas, porque “ya están calificadas y estipuladas en las Leyes de Ingresos 2017 de cada Ayuntamiento”.
Por otro lado, los diputados avalaron por unanimidad, con 25 votos a favor y una abstención, el dictamen que formuló la Comisión de Justicia que contiene la reforma del párrafo III del artículo 434 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, -presentada por la diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del GPPRI,- con el propósito de fortalecer la detección, tratamiento y sanción de la alienación parental, y favorecer con ello el desarrollo pleno y libre de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.
En el documento se amplía los supuestos de dicho fenómeno, con los conceptos de “impedimento, obstaculización o destrucción del vínculo entre padres e hijos”; pues el interés superior de los infantes está por encima que el de los progenitores, tal como lo establece la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes.
Elsa Amabel Landín, solicitó el uso de la los micrófonos para afirmar que esta modificación fortalece a la familia, pues la alienación parental será tomada en cuenta como un tipo de violencia intrafamiliar y sancionada como lo establece el marco legal.
Acto seguido, fue aprobado por unanimidad el dictamen que emitieron de manera conjunta las Comisiones de Vigilancia, Asuntos Electorales y la Fortalecimiento Municipal, para resolver la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda de los Municipios de Calvillo, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, propuesta por la diputada Josefina Moreno Pérez, integrante del GPPRI.
La modificación elimina la exención del pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) que tenían a favor partidos políticos locales, toda vez que este acto afecta la finanzas públicas de los municipios y por ende a sus habitantes.
Cabe hacer mención, que los municipios de Aguascalientes, Jesús María, El Llano y Asientos, ya reformaron sus respectivas normas hacendarias.
Al respecto, la legisladora Josefina Moreno, autora de la iniciativa, expresó que esta reforma contribuye a la lucha de eliminar los privilegios de la clase política, y al mismo tiempo, fomenta la recaudación equitativa de los impuestos en favor de la ciudadanía y con ello fortalecer las arcas municipales.
En otro punto del orden del día, fue aprobado por unanimidad el Punto de Acuerdo de exhorta a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Congreso del Estado, a emprender una coedición de la obra “A favor de la Vida, Manual para la Prevención y Atención de actos Suicidas” de Suicidios, de la Editorial Seda, del autor Héctor Grijalva Tamayo, para que sea difundido en los planteles educativos, clínicas y nosocomios, y generar una mayor conciencia y cultura de la prevención.
Sobre este tema, los legisladores Martha Elisa González Estrada y Arturo Fernández Estrada, por separado, expresaron su aval al Punto de Acuerdo, al destacar la importancia de impulsar todo mecanismo o programa que contribuya a reducir los casos de autoinmolación. Agregaron que es una obligación como representantes populares, promover las estrategias que principalmente prevengan estos lamentables hechos.
En seguida, sobre el Punto de Acuerdo que propone exhortar al Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes (IEA) para que diseñe un instrumento de medición que detecte a los alumnos de educación básica que no estén a filiados a ningún servicio de salud, sean incorporados a los esquemas de atención que brinda el Seguro Popular, su autora, la diputada Cristina Urrutia de la Vega, solicitó a la mesa directiva el retiro del orden del día de este punto para someterse a la votación del Pleno hasta la siguiente sesión, dados los avances y pláticas que ha emprendido con los actores involucrados en la petición.
Por unanimidad fue aprobado el dictamen que emitió la Comisión de Transporte Público y que desecha la iniciativa de reformas a la Ley de Vialidad que propuso la representación de Movimiento Ciudadano de la anterior legislatura. El planteamiento iba en el sentido de permitir a las personas que presenten discapacidades permanentes o temporales, a los adultos mayores o embarazadas, estacionarse en lugares prohibidos.
