SENADO

Exponen Alcalde Luján, Batres Guadarrama y Ríos González, idoneidad a SCJN

  • Aseguran que, de ser designadas, serán imparciales en sus resoluciones. 

CIUDAD DE MÉXICO, jueves 30 noviembre 2023.- En la sesión de este miércoles, Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González expusieron ante el Pleno del Senado la idoneidad de su candidatura para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Alcalde Luján aseguró que los mexicanos demandan una justicia más humana y cercana a la gente, que reduzca las desigualdades y asegure la protección de los derechos de todas las personas, en especial de las más desprotegidas.

 

Detalló que, a pesar de que el Sistema de Justicia cuenta con más de seis mil 500 juzgadores y 4 mil 500 unidades jurisdiccionales a nivel federal y local, la mayoría de los mexicanos no conocen sus medios de defensa, ni tienen condiciones para acceder a la justicia, y quienes lo hacen, es a costa de su patrimonio y con grandes trabas en el camino.

 

En este sentido, consideró que, desde la Suprema Corte se debe impulsar un Sistema de Justicia más equitativo, donde se promueva el acercamiento de las instituciones de justicia en poblaciones marginadas, se procure una visión menos formalista en los procesos, claridad en el lenguaje de los juzgadores, justicia expedita y evaluación de productividad de jueces, entre otros.

 

Para lograr estos cambios, agregó, se debe impulsar una reforma judicial que atienda las vivencias de las y los operadores jurídicos, donde el diálogo respetuoso con el Poder Legislativo sea una norma y que transforme a la Suprema Corte en un espacio de “puertas abiertas” para recibir a la ciudadanía.

 

A su vez, Lenia Batres Guadarrama sostuvo que es urgente democratizar al Poder Judicial, tanto en el nombramiento de jueces y magistrados, para que respondan ante el pueblo por sus actos, como en sus resoluciones, para que guarden relación con las necesidades y la realidad de las y los mexicanos; “es necesario reencauzar al Poder Judicial”, asentó.

 

Indicó que el poder que representa una mayor amenaza para el Poder Judicial no es el Ejecutivo o el Legislativo, sino el mercado, que ha subordinado a las instituciones para atender sus necesidades. En ese sentido, aseguró que no tiene ningún conflicto de interés que pudiera poner en duda la independencia, autonomía e imparcialidad de su trabajo.

 

“Senadoras y senadores, tengan la certeza de que cualquiera de las resoluciones en controversias específicas se girará por convicciones de justicia social, de respeto a las libertades individuales y de resguardo al principio democrático de autogobierno”, declaró ante el Pleno.

 

Además, Batres Guadarrama reiteró la necesidad de una reforma al Poder Judicial que, además de democratizar su origen y resoluciones, revise la relación entre los Poderes, pues no existe fundamento alguno que justifique la confrontación. Por ello, subrayó que es indispensable promover un equilibrio armónico basado en la colaboración y el diálogo.

 

María Estela Ríos González reiteró que, de ser designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hará efectivo el derecho a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, pues se trata de un anhelo de las y los mexicanos.

 

Afirmó que en su trayectoria profesional siempre se ha conducido con independencia de criterio e imparcialidad, y que continuará de esa forma: “soy una mujer de principios y valores, no voy a renunciar a ellos, seré puntual en el cumplimiento eso, no me traicionaré”.

 

Dijo que si se actúa de forma contraria se pierde credibilidad en la toma de decisiones y, en consecuencia, se perderá legitimidad; insistió que se apegará, como hasta ahora, a los valores de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad e independencia.

 

Ríos González consideró que el Poder Judicial debe responder a los cambios del momento político, social e histórico del país, por lo que es pertinente abrir un debate en el que participe toda la sociedad para determinar cuál es el nuevo Poder Judicial que requiere la nación, en el entendido de que debe fortalecer su legitimidad.

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