- El magistrado de la Sala Superior sostuvo que no basta con hacer sentencias claras, sino llevarlas a la discusión pública para evaluarlas efectivamente, bajo la lógica de la Justicia Abierta se está logrando un mejor servicio público y se está aportando para el desarrollo de la sociedad
- La consejera Pamela San Martín dijo que hay que evaluar las medidas que se adoptarán para acercar la justicia a la ciudadanía y hacer que su participación en los espacios públicos sea relevante
- Presentan el libro Diálogos para la Justicia Abierta, editado por el TEPJF y la editorial Tirant lo Blanch, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017
GUADALAJARA, Jal., martes 5 de diciembre de 2017.- El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que la justicia abierta además de permitir que las instituciones se acerquen a la sociedad, obliga a que la ciudadanía participe e interactúe en un diálogo constante y exija un mejor servicio público.
“Como este diálogo y esta interacción son de ida y vuelta, también necesitamos que la sociedad, los ciudadanos creen esa dinámica, exijan, participen, critiquen y discutan, porque no basta con hacer sentencias claras, sino llevarlas al foro de discusión pública y que entre todos vayamos discutiendo si la Justicia Abierta, efectivamente, está orientándose a un mejor servicio público y está aportando para el desarrollo de la sociedad”, sostuvo al participar en la presentación del libro Diálogos para la Justicia Abierta, editado por el TEPJF y la editorial Tirant lo Blanch.
Durante su participación en el Salón Juan José Arreola de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, Rodríguez Mondragón subrayó que el objetivo final de la Justicia Abierta no es solo el acercamiento, sino que a partir de una función jurisdiccional más deliberativa que considere las distintas voces y posturas, se tomen mejores decisiones sobre políticas públicas.
“En materia particularmente electoral o de justicia, también lo que se busca es mejorar la representación política democrática en órganos como el Parlamento y en los tribunales hacer eficaz este acceso a la justicia desde perspectivas no de las tradicionales o de las formales, desde el punto de vista del Derecho, sino materialmente, sustantivamente cómo hacemos más accesibles los tribunales y, por lo tanto, la justicia a la ciudadanía”, indicó.
Rodríguez Mondragón insistió en que, desde una perspectiva estratégica, la política de Gobierno Abierto es una nueva forma en la que se rompe el ciclo de confrontación o de divergencia de posiciones entre la función pública o de quienes ejercen la representación del poder público y la sociedad. “Realmente significa cambiar el ciclo de colaboración, o más bien ver esto como un ciclo de colaboración, de cooperación en lugar de verlo como de intereses divergentes”.
Por su parte, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles, en materia de Justicia Abierta se debe evaluar qué medidas se deben adoptar y qué medidas se deben evitar para poder acercar la justicia a la ciudadanía y para poder hacer que la participación en los espacios públicos adquiera relevancia, “porque el espacio de impartición de justicia no es ajeno al espacio público, es parte del espacio público, y una parte necesaria para servir como contrapeso al actuar en el espacio público”.
En este sentido, recordó que recientemente se ha discutido mucho en torno a los distintos puntos de vista que hay entre del INE y del TEPJF, señalando que dichas autoridades electorales están contrapuestas, pero en un marco de Justicia Abierta es claro que existen distintos puntos de vista, no sólo entre dichos órganos, sino que incluso al interior de los colegiados puede haber visiones distintas.
“¿Esto implica un rechazo a un modelo en el que toda decisión de la autoridad administrativa debe de estar sujeta a escrutinio o discusión por parte de una autoridad jurisdiccional? No, ese es el modelo de administración de justicia que nos hemos dado, y eso nos garantiza el derecho a la justicia para todas y para todos”, subrayó.
Pero eso, puntualizó San Martín Ríos y Valles, “no significa que las sentencias del Tribunal no sean discutibles, de la misma forma que las resoluciones de las autoridades administrativas también son discutibles, no sólo en el plano jurisdiccional, sino también en el público”.
