COSA DE PRENSA

 

 

  • Las elecciones y la violencia
  • Riesgo en incipiente democracia
  • Es causa de nulidad electoral

 

Javier Rodríguez Lozano

 

AGUASCALIENTES, Ags., domingo 1 de julio de 2018.- Todo listo para que la mayoría de los casi 90 millones de mexicanos empadronados, concurramos hoy a las más de 156 mil casillas que se instalarán en los 30 estados del país donde habrá elección presidencial. Por vez primera en la historia también participa un actor que surgiera hace 12 años y al que nadie le hiciera caso, y que es también, además de una “herramienta electoral”, “factor de decisión”, al decir de los expertos: La violencia… Tradicionalmente, los grandes cárteles se habían mantenido al margen de las contiendas políticas, pero antes de 2012 “se observó de forma gradual una participación más activa del crimen organizado en política, que culminó con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú” (candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas), publicaría en Nexos hace seis años el consultor en políticas públicas, Eduardo Guerrero Gutiérrez. Subrayaría: “Hoy los grupos que operan fuera de la ley se han convertido en un riesgo latente para nuestra incipiente democracia. La posibilidad de nuevos atentados contra candidatos o del apoyo sistemático de grupos criminales a favor de una fuerza política en los procesos electorales, que cada vez parece menos remota, implicaría un gran desafío para nuestra estabilidad política”. Recomendaría entonces -exactamente lo mismo que hoy Janine Otálora Malassis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tres órdenes y niveles de gobierno: “El voto de castigo a la inseguridad será un incentivo para que las autoridades electas implementen acciones más eficaces contra la delincuencia organizada”. No fue escuchado… Hasta el viernes habían sido asesinados en torno a las campañas iniciadas el 8 de septiembre, 136 personas, 48 de ellos candidatos, en 150 municipios de 26 estados, y 120 fueron amenazados, reportaría Rubén Salazar, director de Consultora Etellekt, quien totaliza 465 agresiones, 75% a candidatos de oposición en relación a los partidos que gobiernan en sus respectivas entidades. “Se está empleado la violencia como una herramienta en el proceso electoral”, advierte. Y ojo con esto dato, eso podría ser suficiente para anular las elecciones… El 9 de enero de este año, la presidenta del TEPJF, Otálora, atajaría a sus críticos de esta manera: “Nuestras sentencias obedecen únicamente a las razones del derecho”. El 4 de abril siguiente empezó a hablar de judicialización, que “dependerá de qué tan cerrados sean los resultados”, y estimó un total de 50 mil impugnaciones. Muy por encima de las 14 mil 436 de la sucesión presidencial pasada. Y el pasado 21, Janine Otálora hizo un llamado urgente. Lo dijo así: “El máximo árbitro jurídico de los procesos electores hace un llamado a las más altas autoridades de seguridad para que refuercen las acciones que garanticen la paz, para las familias mexicanas, así como para los candidatos”… Para entonces, dicho por ella misma, iban 122 candidatos y precandidatos asesinados, “además de que otra centena de políticos sufrió alguna agresión”. Reconoció: “Estas serán las elecciones más complejas de nuestra historia, por lo que las fiscalías electorales locales, la Fepade y el TEPJF trabajan para asegurar que las elecciones de los próximos nueve días se apeguen a la ley”. Este jueves, la máxima funcionaria electoral del país pidió “aceptar democráticamente a quienes triunfen, porque su victoria será el resultado de la voluntad de la mayoría de la población”… Además de los 136 asesinados, entre candidatos, precandidatos, dice Rubén Salazar, también dieron muerte a 361 funcionarios, 307 de ellos, agentes policiacos: Los cárteles van a seguir con quien gane, la delincuencia organizada busca mantener su hegemonía sobre la burocracia, para no perder el control de las autoridades, diría.

LA COSA ES QUE…

Y ante la violencia, ¿qué dice nuestro Estado de Derecho? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), en su capítulo Invalidez de elección por violación a principios constitucionales, dice acerca de la nulidad de una elección presidencial: “Para que se configure la causa de nulidad es necesario acreditar… o bien, demostrar, que la irregularidad fue realizada durante una parte considerable de la jornada electoral”. (Tesis CXIII/2002 TEPJF; qué tal.

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