COSA DE PRENSA

 

 

  • SCJN, la otra contienda electoral
  • A debate Ley de Seguridad Interior
  • Surgen aspirantes a la Corte 2018

 

Javier Rodríguez Lozano

 

AGUASCALIENTES, Ags., lunes  28 de mayo de 2018.- El 17 de diciembre pasado el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, largamente reclamada por las Fuerzas Armadas, para combatir con más legalidad al crimen organizado. Antes, el 3 en Coyuca de Benítez, Guerrero, los reporteros entrevistarían a Andrés Manuel López Obrador y diría que después de las elecciones “muchas cosas van a mejorar en el país y habrá seguridad”.  El 18 de diciembre siguiente, después de un mitin con los candidatos de Morena en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, AMLO postularía: “Voy a asumir el mando. En la Constitución con mucha claridad se establece. Por eso no hay que estar temiendo a la reforma que se acaba de hacer, la llamada Ley de Seguridad Interior. En la Constitución, y eso no se ha modificado, el titular del Ejecutivo, el Presidente de la República, es al mismo tiempo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo voy a ejercer esa función”. El 21 de diciembre del citado 2017 sería promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto… El 10 de mayo de este año se conoció que la penalista Bárbara Zamora, del bufete Tierra y Libertad, había presentado una demanda de amparo, que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, resolvería así: “Resulta inconstitucional el sistema normativo previsto en la Ley de Seguridad Interior reclamada –en cuanto incorpora a las fuerzas armadas en las funciones relacionadas con la seguridad interior en tiempos de paz particularmente, los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, por transgredir las condiciones de validez previstas en la jurisprudencia de la SCJN que establecen los parámetros de actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, derivadas de la interpretación de los artículos 29, 89 y 129 de la Constitución Federal, y que garantizan la seguridad jurídica en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual debe concederse el amparo federal solicitado por la parte quejosa”. Y también, la resolución de la jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, acerca de otra demanda semejante pero de ésta no se publicitó a los demandantes, identificados solo como “organización de personas defensora de los derechos humanos”. La resolución es prácticamente idéntica a la de su homólogo Silva García (por cierto, coautor con Eduardo Ferrer MacGregor, del estudio Jurisdicción Militar y Derechos Humanos, Porrúa 2011), con una adición en el sentido de que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”… Podría no ser, aunque no deja de leerse como una señal política, porque resulta que las resoluciones del juez Silva García y de la jueza Macías Lovera, son lo más cercano a una recomendación que emitiera el 20 de noviembre pero de 2015 –dos años atrás- el expresidente de la SCJN, Juan Silva Meza, quien coincidiría con Olga Sánchez Cordero –hoy aspirante de Morena al Senado, pero impedida por el artículo 58 Constitucional, que no admite su condición de exministra- en que “los integrantes de la Corte deben ser sensibles en materia de derechos humanos”, y en que “todavía hay una gran cantidad de retos para poder alcanzar una justicia plena en el país”. El expresidente de la Corte, Silva Meza, también recomendaría aquella ocasión revisar, modular y vigilar los altos salarios del más alto tribunal, “ante la situación que vive el país y para evitar abusos”.

LA COSA ES QUE…

Y bueno, ¿cuál es el punto de esta controversia llamada Ley de Seguridad Interior? Que formalizó el arranque de la contienda electoral para sustituir al presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales en enero próximo, para lo cual sus críticos se convierten en los primeros aspirantes; qué tal.

 

 

 

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