*En 2018 México pagará 663 mil 479 millones de pesos sólo por concepto de intereses.
*El gasto de publicidad del gobierno supera los recursos para partidos.
Mañana martes, en el pleno del Senado, Acción Nacional demandará al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, un plan de austeridad y un recorte al gasto de publicidad, adelantó el senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila.
El coordinador de los senadores panistas afirmó que los recursos utilizados por el gobierno para publicidad superan los recursos destinados a los partidos políticos ya que se ubican en siete mil millones de pesos en promedio por año.
Explicó que el gobierno federal debe realizar una reingeniería completa del presupuesto de 2018 para enfrentar la tragedia provocada por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, debido sobre todo al endeudamiento irresponsable y la corrupción.
Consecuencia del manejo irresponsable de la deuda, el próximo año el gobierno pagará 663 mil 479 millones de pesos sólo por concepto de intereses.
Con esta cantidad, que equivale a mil 817 millones de pesos diarios, es posible construir 908 viviendas de dos millones de pesos cada una. Esa es la cantidad de casas o departamentos que perdemos cada día por la forma insensata en que se endeudó el gobierno.
En un mes, el pago únicamente de intereses de la deuda ascendería a poco más de 54 mil millones de pesos, cifra que rebasa por mucho los 38 mil 150 millones de pesos que, según el gobierno, se requieren para la reconstrucción total.
Recordó que los medios de comunicación han documentado ampliamente el endeudamiento irresponsable y la corrupción de los gobiernos priistas.
Las cifras de la tragedia, agregó, sirven para dimensionar la corrupción y la irresponsabilidad priista, como se puede comparar con la deuda de 49 mil millones de pesos que César Duarte heredó en Chihuahua, y cercana a los 37 mil millones de pesos con los cuales Humberto Moreira endeudó a los coahuilenses y a los 35 mil millones de pesos que Javier Duarte extrajo del bolsillos de los veracruzanos.
Indicó que mientras en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas, hay muertos, damnificados, gente viviendo en la intemperie, escuelas paralizadas, edificios públicos y negocios dañados e incertidumbre, pero también esperanza, los tres priistas gozan de cabal salud debido a un gobierno marcado por la impunidad, la corrupción y el dispendio.
Herrera Ávila hizo notar que la dimensión del desastre podría ser mayor a los cálculos oficiales y en esa medida será necesario que el gobierno se apriete el cinturón, disminuya gastos superfluos y aplique un verdadero plan de austeridad, adicional al de los partidos, el INE y el Congreso, a fin de canalizar la mayor cantidad de recursos posible a los afectados.
Adelantó que el PAN exigirá al titular de la SHCP eliminar, entre otros, los gastos de publicidad gubernamental –salvo los relacionados con salud, turismo y protección civil– que para 2018 sumarán 2 mil 623 millones de pesos, aunque desde 2013 se han ajustado al alza sin justificación hasta totalizar más de 37.7 mil millones de pesos en cuatro años y medio.
Es evidente, afirmó el líder parlamentario, que el gobierno “tiene tela de donde cortar y suficiente margen de maniobra” para poner la parte que le corresponde, que debe ser cuantiosa, siempre y cuando muestre voluntad y lleve al terreno de los hechos su discurso.
Pero, aclaró, “no estamos de acuerdo en que las aportaciones y donaciones de nacionales y extranjeros las retenga el gobierno federal”.
Hay una gran desconfianza de este gobierno y de lo que se trata es que la ayuda llegue y llegue bien, con total transparencia y rendición de cuentas, apuntó.
Por eso, dijo, los senadores panistas y el Frente Ciudadano por México planteamos la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción y un régimen de excepción para el Fonden dados sus antecedentes de opacidad en la ministración de recursos.
Explicó que el objetivo de ambas propuestas es establecer reglas claras que permitan acotar el margen de quien ejercerá el gasto y vigilar con lupa el destino de los recursos para asegurar que se canalicen efectivamente a los damnificados y no a operaciones político-electorales o a las tentadoras prácticas de corrupción muy frecuentes en este sexenio.
