Al creer fatal la conducta delictiva de toda
la policía, la sociedad, como de hecho los
dirigentes del gobierno, se margina de cualquier
intento de cambio y condiciona respuestas
todavía más violentas y virulentas:
Carlos Monsiváis
Óscar Fidel González Mendívil
AGUASCALIENTES, Ags., lunes 28 de marzo de 2016.- El 4 de septiembre*, Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “Fuera de Control. Tortura y otros malos tratos en México” en el cual sostiene que estas prácticas se han incrementado en nuestro país en un 600 por ciento en los últimos diez años.
La razón, de acuerdo al documento, es que al incrementarse el fenómeno de la violencia, la reacción del Estado fue desplegar mayores capacidades de respuesta ante las organizaciones criminales. Para lo cual incorporó a tareas de seguridad pública al Ejército y la Armada. A partir de este despliegue de las fuerzas armadas se produjo un aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos, en particular por lo que hace a actos de tortura.
Sostiene Amnistía Internacional: “El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha intentado distanciarse de la explosión de violencia y violaciones de derechos humanos que se inició durante el mandato de su antecesor, el presidente Felipe Calderón (diciembre de 2006 a noviembre de 2012)… La CNDH ha manifestado asimismo que se ha reducido el número de quejas por tortura y malos tratos recibidas durante el mandato del nuevo gobierno. Sin embargo, la cifra de quejas registradas en 2013 (1.505) era aún un 600 por ciento superior a la registrada antes del estallido de violencia que se produjo a partir de diciembre de 2006” [página 12].
Pero éste no es el único dato invocado; además el informe apela a los casos de malos tratos que llegan a los tribunales federales por vía de los juicios de amparo solicitados en los que las personas detenidas piden protección frente a la tortura. Para el Consejo de la Judicatura Federal, se iniciaron 3 mil 749 juicios de amparo en los que reclamaban actos relacionados con tortura entre 2005 y 2013 [página 13].
Dice AI que la mayoría de los casos de tortura que se ha documentado en México tienen por víctimas a personas de comunidades marginadas y grupos vulnerables, entre los que se encuentran migrantes, desaparecidos y mujeres.
Entre los procedimientos que practican las autoridades de seguridad pública que generan circunstancias en las cuales una persona puede sufrir actos de tortura, el organismo de derechos humanos distingue a las detenciones. Afirma que en nuestro país la mayor parte de las detenciones por delitos federales se practican sin orden judicial.
Con datos de la PGR en respuesta a una solicitud de acceso a la información, AI confirma que entre 2011 y 2013 las detenciones por delitos federales en cumplimiento de la orden de un juez, representaron el 9.4 por ciento del total de personas detenidas por otras circunstancias, como la flagrancia o las actitudes sospechosas.
El tema se complica cuando en una gran mayoría de los casos, la persona detenida termina por confesar el delito mientras se encuentra bajo resguardo de la autoridad que lo detuvo y además su confesión se convierte en la prueba fundamental para llevarlo a juicio y condenarlo.
Amnistía Internacional también encontró testimonios que admiten que los agentes del Ministerio Público rara vez cuestionan los partes informativos de los agentes que realizan la detención, sean éstos policías o militares. Y esta valoración pasa a los procedimientos judiciales.
De todo ésto el organismo concluye que las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas falsas están ligados al uso de la tortura y otros malos tratos. Y además, una vez que el caso llega a ellos, los operadores del sistema de justicia no pueden o no quieren prevenir ni castigar la tortura.
Frente a este contexto, AI emite una serie de recomendaciones clave, entre las que se encuentran las siguientes: 1) sacar a las fuerzas armadas de las tareas policiales; 2) contar con investigaciones independientes para los casos de tortura; 3) aplicar el protocolo de Estambul y no el dictamen médico que en muchas dependencias quiere pasar por aquél; 4) sancionar tanto a torturadores como a encubridores; 5) excluir de los procedimientos judiciales y ministeriales las pruebas obtenidas bajo tortura; y 6) crear un mecanismo legal que permita a las víctimas de tortura hacer efectivo su derecho a la reparación.
Lo bueno de todo esto paisano es que no pasa en Cinaloa, digo en Zinaloa, o sea en Xinaloa. Bueno, tú entiendes ¿verdad?
*) Publicado el 21 de septiembre de 2014 en el periódico Ríodoce y reproducido aquí con autorización del autor.
