- La Cámara Alta trabajó para garantizar la seguridad e integridad de la población.
CIUDAD DE MÉXICO, viernes 3 enero 2020.- Para revertir la situación de seguridad actual, el Senado de la República trabajó para devolver la tranquilidad a México, construyendo una normatividad adecuada para enfrentar el reto de garantizar la seguridad a los mexicanos, con una nueva visión en la actuación de las instituciones del Estado y de la sociedad.
Concretamente, durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, las y los legisladores presentaron 14 iniciativas en la materia, 21 proposiciones con punto de acuerdo, y discutieron y votaron 34 dictámenes en el Pleno.
Entre los asuntos más destacados se encuentra la aprobación de un dictamen para incluir el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, dentro del catálogo establecido por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, esto debido a la alta incidencia de este delito y la forma violenta en la que suele perpetrarse.
También propusieron declarar el mes de octubre como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”, para realizar jornadas, talleres, foros, debates y mesas de discusión con el propósito de crear estrategias para la protección de datos personales y fortalecer el comercio electrónico.
Senadoras y senadores abrogaron la Ley de Seguridad Interior, pues parte de su normatividad se volvió inconstitucional debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que algunos de sus preceptos eran inconstitucionales.
El Pleno exhortó a diversos estados de la República e instituciones de seguridad pública a fortalecer y generar políticas, estrategias, planes y programas que garanticen la seguridad e integridad de la población.
Pidió a diversas entidades revisar y fortalecer la estrategia de seguridad pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres, a fin de salvaguardar su vida.
Igualmente, urgió a los organismos de protección civil y de salud de diversas entidades federativas a implementar los protocolos y acciones necesarias para proteger la integridad física de la población y prevenir efectos en la salud, especialmente a los grupos más vulnerables, ante los efectos de los fenómenos naturales que se presentaron en el país.
