• Es necesario “desinstitucionalizar” la atención psiquiátrica, señalan profesionales de la salud en curso realizado en el Senado de la República.  

CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 10 agosto 2022.- Durante el curso sobre “Salud mental y adicciones. Prospectiva de la reforma”, que organiza la Comisión de Salud del Senado, especialistas coincidieron en la necesidad de impulsar cambios legislativos que permitan la autonomía, inclusión y participación social de las personas con una discapacidad mental.

La directora del Instituto de Salud Mental de Durango, Soledad Ruíz Canaán, señaló que en México los estigmas sociales, la discriminación, la falta de políticas preventivas, las desigualdades sociales, el confinamiento, la poca inversión y cobertura, y los elevados costos de atención, son elementos que limitan el acceso universal y eficiente en la calidad a los servicios de salud mental.

Dijo que nuestro país cuenta con dos mil 471 municipios con claras desigualdades sociales, culturales y económicas, por lo que se deben priorizar las acciones de promoción y prevención en los municipios que tengan un menor índice de desarrollo humano, “porque las desigualdades matan”.

Aseveró que la “desinstitucionalización” es fundamental, ya que implica que se desarrollen políticas y servicios alternativos, eficientes, efectivos y humanos, que mantienen a las personas con enfermedades mentales en su comunidad y se les garantizan sus derechos humanos.

Sin embargo, dijo que los proyectos deben estar acompañados de financiamiento, incluso, propuso la atracción de recursos externos a través de fundaciones, pues es muy difícil trabajar con recursos limitados.

También participaron representantes y doctores de la Fundación Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, de España, cuyo objetivo es asegurar la inclusión laboral y social a personas con capacidades diferentes, mediante la generación de empleo de calidad, a través del respeto a los valores de diversidad, inclusión, honestidad y dignidad.

En la sesión de este lunes del curso, participó María Dolores Santos, quien a nombre de dicha fundación manifestó que es fundamental garantizar los derechos civiles de las personas que padecen una enfermedad mental, a fin de reconocer su participación y dignidad en su comunidad.

Es necesario, precisó, lograr la autonomía, inclusión y la participación, a través de un sistema de apoyos, en el que son imprescindibles los profesionales sociosanitarios.

De la misma Fundación, el doctor Josean Idoeta, reiteró que es fundamental romper los estereotipos y prejuicios de las enfermedades mentales, a efecto de lograr la autonomía, independencia, e impulsar las capacidades de las personas que las padecen.

En España, apuntó, la legislación en la materia reconoce a las personas con discapacidad, como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes en el cumplimiento de estos, porque si no es con su acompañamiento, difícilmente se puede hacer que este proyecto funcione.

En su oportunidad, el representante de la Organización Civil, Documenta, Víctor Lizama, dijo que es necesario “desinstitucionalizar” la atención psiquiátrica, a fin de dirigirla hacía una aplicación digna y de calidad en la comunidad, que permita garantizarles mayor autonomía a las personas con alguna discapacidad mental.