- El TEPJF y el Senado de la República, firmaron un Convenio de colaboración, que establece que el Tribunal impartirá el diplomado “Los derechos políticos y su tutela” a funcionarios de la Cámara alta
- La capacitación especializada de funcionarios se convierte en un vehículo de actualización y aprendizaje que da certidumbre a la ciudadanía: Escudero Morales
CIUDAD DE MÉXICO, martes 23 de mayo de 2017.- La presidenta de la Sala Superior, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que las instituciones tienen el deber jurídico de promover una cultura basada en las libertades públicas y en los derechos fundamentales, entre los que guardan particular importancia los político-electorales, porque son el fundamento de toda democracia.
Durante la firma del Convenio Específico de colaboración entre el TEPJF y el Senado de la República, Otálora Malassis subrayó que, de cara a la ciudadanía, la actuación coordinada de los poderes públicos es indispensable para la construcción de una auténtica cultura de la legalidad que tiene como premisa la construcción y la difusión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México.
“El TEPJF desde su fundación ha tenido clara la importancia de forjar una conciencia social, de divulgar una cultura cívica entre la población, pues solo de esta manera se provee a las personas de toda información pertinente para asegurar que sean capaces de disfrutar de las prerrogativas democráticas que les otorga la ley”, destacó la magistrada presidenta.
Otálora Malassis puntualizó que “la capacitación de funcionarios y autoridades, así como de integrantes de los partidos políticos y de ciudadanos, en general, es la vía más efectiva para el fortalecimiento de nuestra vida democrática; adicionalmente en este Diplomado se refleja la decisión del TEPJF de asumir el ejercicio de una Justicia Abierta, para que todas y todos podamos comprender cómo se resuelven las disputas electorales y cuáles son los razonamientos en las sentencias”.
El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, indicó que, ante la demanda social de tener entes gubernamentales fuertes, preparados, que actúen con mayor eficacia y eficiencia, se requieren servidores públicos más y mejor capacitados, por lo que la capacitación especializada se convierte en un vehículo de actualización y aprendizaje que da certidumbre a la ciudadanía.
“Para nosotros, reforzar la legalidad, la constitucionalidad de nuestros actos, así como reconocer en toda la amplitud aquellos derechos que tienen los ciudadanos, son fundamentales, es una necesidad de una convicción democrática. El proceso legislativo mismo debe estar pendiente en todo momento de observar los fenómenos sociales, legales y políticos nacionales, estudiando y atendiendo, sin duda, las perspectivas que nos plantean las doctrinas desde la academia”, dijo.
El senador Escudero Morales valoró el Convenio signado, porque con él se brinda la oportunidad de impulsar una formación conjunta entre ambas instituciones con programas académicos bien estructurados y desarrollados por verdaderos especialistas, así como la facilidad de aprender a través de una plataforma tecnológica.
“Este importante convenio formaliza el compromiso y la voluntad de que el Estado mexicano pueda colaborar en equipo para tener instituciones y servidores públicos mejor preparados y eficientes”, aseveró luego de reconocer en el TEPJF a “una institución que se ha transformado a través del tiempo para darle certeza a las mexicanas y mexicanos, y de un actuar siempre apegado a nuestro marco jurídico en materia electoral”.
El Convenio de Colaboración, que establece que el Tribunal impartirá el diplomado “Los derechos políticos y su tutela” a funcionarios de la Cámara alta, fue signado por la magistrada Otálora Malassis y el senador Escudero Morales, y en la ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala Superior, estuvieron presentes los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón.
