*Aumentaron asalto a comercios, robo a casas habitación y de autos; 97 de los casos, impunes.
*Más de diez mil violaciones al año, secuestros y extorsiones, y el ciudadano paga por su seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO, lunes 17 de julio del 2017.- El aumento sin precedentes en el asalto a comercios, el robo a casas habitación y el despojo de autos en todo el país tiene su origen en la impunidad, afirmó el senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila.
La impunidad es consecuencia de la incapacidad del gobierno federal para combatir la delincuencia. “La impunidad es un incentivo para los delincuentes comunes cuando ven que los narcos siguen tan campantes”, agregó el coordinador de los senadores panistas.
Los mexicanos son los que pagan la factura de la incompetencia del gobierno federal priista para frenar el desbordamiento de la violencia e inseguridad que se observa en todo el país, indicó.
Herrera Ávila dijo que la violencia contra las mujeres se mantiene en más de diez mil violaciones al año, como lo confirma el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo mismo ocurre con extorsiones y secuestros, donde las denuncias bajan por desconfianza en la autoridad.
La creciente ola delincuencial está deteriorando la vida social, la convivencia armónica y pacífica de la población, y de paso se ha convertido ya en un serio problema económico para amplios sectores de la sociedad que tienen que destinar buena parte de sus ingresos, de por sí precarios, para protegerse, precisó.
Señaló que el gobierno se ha desentendido de su tarea de procurar seguridad a los mexicanos, a quienes ha dejado en estado de indefensión ante el crecimiento en robos, asaltos, secuestros y asesinatos, y un modo de proceder de los delincuentes que se ha tornado más agresivo en los meses recientes.
Expresó que en 2015 el costo total de la inseguridad y el delito en hogares fue de 236.8 mil millones de pesos, lo que equivale a 5,905 pesos por persona afectada, según la Encuesta Nacional de Victimización 2016 del Inegi.
Mientras tanto, añadió, el gobierno se mantiene pasivo, impotente y deberá responder a señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo opaco del gasto para tareas de seguridad pública en 2016, hasta ahora el año más violento del sexenio.
Dijo que según la ASF se ha vuelto costumbre que el gobierno cada año exceda entre un 10 y un 20 por ciento el presupuesto en seguridad, asignado inicialmente por la Cámara de Diputados, sin que ello se refleje en resultados medibles de reducción de la actividad delincuencial.
Herrera Ávila criticó que el gobierno haya terminado el año pasado gastando de manera discrecional e injustificada 18,539 millones de pesos en ese renglón, cuando sólo en 2015 las medidas preventivas para los hogares mexicanos representaron un gasto estimado de 77.9 mil millones de pesos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política abundó que de acuerdo con datos del Inegi, el gasto de los hogares en medidas para protegerse de la delincuencia en 2015 tuvo un incremento de 17.7 por ciento respecto de 2014, lo que representó el mayor porcentaje en este sexenio.
Es decir, dijo, cada ciudadano gastó en 2013 mil 831 pesos en instalar alguna medida de seguridad, como cerraduras, candados, alarmas, cámaras de video, cambiar puertas, ventanas, y hasta rejas o bardas, cantidad que en 2016 se incrementó a dos mil 320 pesos, que equivalen a 28.9 salarios mínimos.
Comentó que la inseguridad repercute en diversos ámbitos, sobre todo el económico, ya que por temor los mexicanos tienen que destinar recursos para prevenir y combatir los efectos negativos de la delincuencia, lo que representa un gasto extra en su presupuesto.
Señaló que los registros estadísticos y la cotidianidad en nuestras calles muestran a un gobierno federal débil, que ha sido rebasado y que ha claudicado ante la criminalidad.
Aseguró que los ciudadanos no pueden pagar más el costo de la inseguridad, ya que es obligación del gobierno garantizar la seguridad en todo el país.
Herrera Ávila destacó que si el crimen está pasando factura a la economía de las familias mexicanas –que tienen que gastar recursos propios para protegerse y proteger sus hogares y negocios– es porque las acciones y programas gubernamentales han carecido de efectividad.
