- Participaron en las audiencias públicas convocadas por las comisiones unidas de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados
CIUDAD DE MÉXICO, sábado 5 diciembre 2020.- En el primer día de las audiencias públicas sobre la minuta en materia de regulación de cannabis, convocada por las comisiones unidas de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados, funcionarios, sector industrial, sociedad civil, asociaciones, académicos e investigadores, expresaron sus posturas sobre el tema.
No se pretende promover el uso y consumo de cannabis
El coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer Villanueva, expresó que con la legislación se busca una regulación estricta y adecuada, no se pretende promover el uso y consumo de cannabis.
Agregó que se pretende que la producción destinada al mercado sea una actividad legal y no sujeta a penalizaciones, pero, al mismo tiempo, se plantea que quienes no cumplan con las reglas sigan siendo sujetos de sanciones administrativas o penales.
Se necesita, dijo, que la reforma ayude a los productores rurales que han estado sujetos a la penalización y a un sistema prohibicionista. Además, que favorezca una nueva realidad para México y genere bienes públicos, bienestar y una situación que contribuya a la tranquilidad de las comunidades en el campo y en las ciudades.
Consideró necesario analizar el tema de los cigarros electrónicos que permiten la sustancia activa de cannabis, y planteó a la Cámara solicitar una prórroga para aprobar las reformas, a efecto de mejorarla.
Acabar con el mercado negro
El exdiputado federal, Fernando Belaunzarán Méndez, llamó a quitar la penalización del consumo, que los usuarios no pisen un Ministerio Público, ni sean perseguidos por las autoridades y que haya sanciones de manera administrativa, a efecto de reducir actos de corrupción, acabar con el mercado negro e incluir a los campesinos pobres, pues una sobrerregulación pondría barreras para los productores. “La despenalización efectiva es crucial”.
Sector industrial
Madelyn Guerrero Lugo, gerente de Asuntos Regulatorios de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, resaltó que diversas investigaciones han demostrado que se pueden aprovechar las propiedades cosméticas de cannabis no psicoactivo y precisó que en la minuta no hay mucha certeza de que se permita el uso en fines de belleza; “debe hacerse explícita la autorización”.
El vicepresidente de la Concanaco-Servitur, Antonio del Hierro Lee, consideró necesario aprovechar el mercado de cannabis; contemplar las experiencias internacionales, en temas de exportación, investigación y control de calidad, lo que ayudará a que México sea más progresista, así como generar empleos, ingresos y oportunidades para todos.
Sociedad civil y asociaciones
Para Lisa Sánchez, directora general de México Unido por la Delincuencia, es fundamental que el Congreso de la Unión regule el mercado de cannabis, a fin de que las personas adultas tengan un acceso seguro a la sustancia, y debe ampliar el derecho al libre desarrollo de las personas consumidoras. “La minuta no cumple con todos los criterios que establece la Suprema Corte de Justicia”, señaló.
Tania Ramírez, directora del Programa de Política de Drogas en México Unido Contra la Delincuencia, resaltó que el dictamen no responde a las necesidades; no se cumple con el mandato de la Corte al no respetar el libre desarrollo de la personalidad y no regular de manera correcta, y además se “está creando un mercado totalmente para la industria, sin límites a la misma y que lo último que toma en cuenta es proteger a las personas”.
Martín Barriuso, en representación de la Federación de Asociaciones Cannábicas Pannagh-España, mencionó que las principales ventajas de un club social de cannabis es que desde el primer momento en que empiezan a funcionar, miles de personas “inmediatamente dejan de recurrir al mercado ilícito”, y al ser entidades sin fines de lucro, no hay interés de enriquecimiento o de incitar al consumo.
De la Federación de Asociaciones de Cannabis, Ana Afuera, sostuvo que “cualquier regulación será mejor que los devastadores impactos negativos de la prohibición y proporcionará más control”; pero si se articula teniendo en cuenta aspectos relativos a la seguridad, salud y derechos humanos, se pueden prevenir muchos impactos negativos e inesperados.
Amaya Ordorika Imaz, coordinadora general de Incidencia Política de ReverdeSer Colectivo, mencionó que la minuta establece límites para los puntos de venta; prohíbe la publicidad de productos con cannabis; hay limitaciones en los espacios de consumo; restricciones a las asociaciones y criminaliza a las personas usuarias de cannabis. “De aprobarse la minuta, se tendría una regulación sin despenalizar la posesión de la planta y de su consumo”.
Eda Myrna Martínez Pazaran, presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, dijo que la ley debe cumplir la expectativa de regular los actos ilegales en materia de comercio del producto, como el intervenir en los procesos de cultivo, producción y comercialización. Señaló que cerrarle las puertas al sector primario del país obligaría a consumir la materia prima del extranjero. Propuso una licencia a este sector para exportar.
Mariana Larrea, de la Asociación Mexicana para la Investigación, Normalización y Legalización de la Cannabis, precisó que la regulación ofrece oportunidades comerciales, industriales, inversión extranjera, empleos, desarrollo de la medicina, entre otros. “En medio de una pandemia se debe dar énfasis al desarrollo económico; nada en la ley es viable si no se elimina la criminalización a la siembra y la cosecha”.
Académicos e investigadores
Raúl Martín Del Campo, director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría, hizo un llamado a no precipitar la ley y estudiar con profundidad sus impactos. Estimó fundamental que se reconozca los efectos del consumo en exceso de la sustancia y despenalizar a los consumidores.
Agustín Antonio Herrera Fragoso, integrante de la Academia Nacional Mexicana de Bioética AC, indicó que, si se da una licencia para comercializar, también se debe dar para el consumo. Hay que tener consideraciones de las necesidades sociales y de salud en todas las etapas de la vida; un trabajo conjunto de diversos sectores y responsabilidad hacia las nuevas generaciones.
La cofundadora del Instituto RIA, Zara Snapp, consideró necesario eliminar el delito de posesión simple y cualquier delito referente; homologar los espacios de consumo a los ya existentes para tabaco, para que no haya multas que puedan discriminar a las personas usuarias. Además, garantizar la participación en la siembra y producción a las Pymes, comunidades de cultivadores, indígenas y ejidales. “Es importante el apoyo a pequeños productores”.
El coordinador de la maestría en picoterapia de las adicciones del CIES, Mario Souza y Machorro, precisó que los usos recreativos o lúdicos de la mariguana son inexactos; la adición se da en uno de cada nueve usuarios, pero si se inicia en la adolescencia, es uno de cada seis; provoca un policonsumo de otras drogas, y daños a la salud, entre ellos, alteración de la memoria y hormonas, dificultad para prestar atención, ansiedad, daña memoria y concentración, altera el control motor, mala salud respiratoria y violencia.
John Walsh, de Washington Office on Latin America, enfatizó que lo más importante en el diseño de la norma debe ser asegurar la inclusión y lograr justicia social y “no se puede hablar de esta si no hay un diseño que permita la inclusión de los más desprotegidos y que sufren la guerra por las drogas y la prohibición”.
Tom Blickman, coordinador superior de proyectos Transnational Institute, precisó que el dictamen establece disposiciones desproporcionadas y estimó que se deben evitar los monopolios y cárteles de las grandes corporaciones para que el mercado sea justo. Estimó que para contrarrestar los monopolios valdría la pena considerar la posibilidad de establecer ciertos límites a la cuota de mercado que pueda tener una ampliación.
