EN MARCHA, ESTRATEGIA DEL PRI PARA CONTROLAR PROCESO ELECTORAL DEL 18, DENUNCIA FHE.

 

*Busca controlar el aparato de justicia y el gasto social en programas opacos, sin rendición de cuentas. 

*Fragmentar el voto de la oposición le permitiría ganar con el 15 por ciento del total del electorado.

CIUDAD DE MÉXICO, lunes 30 de octubre de 2017.- Hay indicios muy claros de que el gobierno federal y su partido, el PRI, pretenden controlar el proceso electoral del 2018, mediante el aparato de justicia y el empleo de programas sociales, denunció el senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila.

El coordinador de los senadores panistas recordó que oficialmente el proceso electoral del 2018 ya está en marcha. Por eso, agregó, la destitución del fiscal contra delitos electorales “no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia gubernamental para favorecer al PRI”.

La estrategia del gobierno también incluye fragmentar el voto de la oposición para que el PRI gane la presidencia con una ínfima cantidad de votos, con apenas el 15 por ciento del padrón electoral, añadió Herrera Ávila, miembro de la comisión que elabora la plataforma electoral del PAN.

En este marco se explica, agregó, los sistemáticos ataques en contra de los principales promotores del Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya Cortés y Alejandra Barrales Magdaleno. “El presidente de Acción Nacional ya demostró en tribunales que lo atacan con calumnias”.

Al mismo tiempo, el gobierno promueve por lo menos un par de candidaturas independientes a la Presidencia de la República con el único fin de fragmentar el voto de los partidos políticos. “No se da cuenta, añadió Herrera Ávila, que con ello sólo favorece a Andrés Manuel López Obrador”.

Los indicios anteriores son una parte de la estrategia del gobierno en el plano político, pero también en el terreno social hay señales de que se prepara para utilizar casi 100 mil millones de pesos de programas sociales con total opacidad, añadió.

Dijo que el gobierno ha propuesto aumentos considerables en el presupuesto público para programas sociales opacos, poco conocidos y peor evaluados, como “atención a conflictos sociales en el medio rural”, la “atención a personas discapacitadas” o “desarrollo de software”.

El gobierno quiere cerca de 100 mil millones de pesos para ese tipo de programas, con claros tintes electorales, dado que se han manejado en un marco de opacidad y sin rendición de cuentas claras.

En este contexto se inscribe la decisión de Santiago Nieto de ya no objetar por la vía política su remoción como fiscal electoral. Este marco incluye el retorno de las peores prácticas represivas y autoritarias que caracterizaron la época del partido único.

Expuso que mediante una campaña mediática de descalificaciones y con tácticas dilatorias de su grupo parlamentario en el Senado, el gobierno orilló al desistimiento de Nieto Castillo, con lo cual frena las pesquisas sobre el supuesto fondeo de la empresa Odebrecht a la campaña priista de 2012.

Refirió que el PRI-PVEM, apoyados en una mayoría exigua en la Junta de Coordinación Política, siguió la línea oficial de apostar a que la decisión del encargado de despacho de la PGR de remover a Nieto Castillo  se mantuviera inalterable mediante voto secreto a un asunto de carácter público y de interés nacional.

Para el líder parlamentario, en el fondo de la declinación se esconde la  intención gubernamental de asegurarse impunidad en este y otros casos de acusaciones de corrupción al más alto nivel y evitar el juicio de la sociedad.

Estamos viendo, opinó,  algunos manotazos desesperados y reacciones coléricas de un gobierno que a 8 meses de la elección siente que el poder se le va de las manos, con un partido que suma el mayor rechazo social, no se levanta del tercer lugar en las encuestas y un Presidente en su nivel más bajo de aceptación popular.

Herrera Ávila apuntó que se está generando un ambiente enrarecido de cara a la elección del 1 de julio. Es una tragedia lo que se vive en el país sin procurador, sin fiscales general y anticorrupción y ahora el gobierno pretende que tampoco exista un fiscal para asuntos electorales.

Todo parece premeditado, puntualizó.

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