EL TEPJF ES GARANTE DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES: JANINE OTÁLORA MALASSIS

  • La magistrada presidenta señaló que hay que cuidar las instituciones, especialmente en contextos de encono político, cuando la única ruta de salvamento para el orden constitucional radica en que las autoridades se abstengan de sumarse a la politización del litigio
  • El TEPJF reconoce que la colaboración y constante comunicación entre autoridades electorales es relevante para conocer de las controversias y decisiones y lograr una armonización de criterios

 

CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 11 de octubre del 2017.- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el Tribunal Electoral es el garante de la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, y ésta no puede estar sujeta a otras consideraciones.

“Nos queda claro que esta confianza a la que aspiramos todos, se construye a través de la labor cotidiana de las autoridades electorales. Cada decisión que tomamos debe obedecer exclusivamente a las razones de constitucionalidad y legalidad”, afirmó en la inauguración del Foro “Política y elecciones en México: Cuatro décadas de logros y desafíos. Reflexiones a 40 años de la reforma de 1977”, que se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ante el rector de la UNAM, Enrique Graue, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, la magistrada expresó que frente a los retos del 2018 las autoridades electorales tienen la responsabilidad de seguir fortaleciendo la democracia a través de sus procesos electorales, garantizando la legitimidad de las autoridades electorales y fomentando la confianza ciudadana.

“El Tribunal Electoral reconoce la importancia de la autonomía de las demás autoridades electorales. Asimismo, reconocemos que la colaboración y constante comunicación entre las autoridades es relevante para conocer el fondo de las controversias y de las decisiones y lograr así una armonización de criterios, necesaria e indispensable para una mejor organización electoral”, precisó.

En el Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM, la magistrada destacó la reforma electoral de 1977 como fundamento del desarrollo político y de la construcción de la democracia que hoy tenemos, con un régimen basado en el Derecho.

Ante las exigencias de una sociedad más justa, más igualitaria, de un gobierno responsable y capaz de entregar resultados esperados por la sociedad, que parten invariablemente de nuestra capacidad, como ciudadanía, de elegir a quienes van a ejercer el poder, Otálora Malassis aseveró que “es indispensable poder elegir a los gobernantes, para poder exigirles resultados de gobierno”.

En este contexto, la magistrada presidenta del TEPJF destacó la obligación de cuidar las instituciones electorales que son el fundamento de la democracia electiva y garantizan la vigencia del Derecho como mecanismo protector de los derechos y libertades individuales contra los abusos del poder.

Explicó que al TEPJF le corresponde garantizar que las reglas de la democracia electoral se cumplan, para que las autoridades electas puedan inyectar de la legitimidad necesaria al resto del apartado estatal, y tiene “la misión de asegurar la imparcialidad en el ejercicio de la función estatal de organizar elecciones y de defender determinados bienes comunes al margen, e incluso por encima, de las simpatías personales o colectivas, incluso de aquellas enarboladas por las instituciones cuya labor corresponde revisar”.

Enfatizó que deben cuidarse las instituciones, especialmente en contextos de encono político, cuando la única ruta de salvamento para el orden constitucional radica en que las autoridades, jurisdiccionales o no, se abstengan de sumarse a la politización del litigio, eviten incorporarse al debate social que, en paralelo, corre junto con las determinaciones formales de los procesos electorales.

“Los tribunales, las autoridades, todas, debemos actuar con estricto apego a las atribuciones que nos confiere la Constitución General de la República y la ley. En ese ejercicio colectivo de atribuciones y deberes legales es probable, porque así lo determina la naturaleza debatible del contenido de las disposiciones jurídicas, que existan disonancias, desacuerdos en el entendimiento del alcance de las normas que rigen los comicios”, indicó.

La magistrada presidenta del TEPJF subrayó que las sentencias de los tribunales ponen fin a las desavenencias jurídicas y a los litigios electorales, lo cual no puede ni debe interpretarse, de manera maniquea, bajo las coordenadas de supuestos ganadores y perdedores, ni mucho menos traducirse en términos de izquierda o derecha, conservadores o progresistas, o alguna otra reducción simplista de nuestra realidad.

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