- La magistrada presidenta del TEPJF destacó el mecanismo mexicano para fortalecer los derechos de los pueblos originarios
NUEVA YORK, EUA, martes 2 de mayo de 2017.- La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, confió en que el modelo de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, ajustado a los contextos particulares de otros países, pueda replicarse en otras latitudes con el mismo éxito.
“Estamos totalmente abiertos a poder llevar este modelo de defensoría a otros países de América Latina, pero también de otros continentes donde este concepto de defensoría pudiese servir y apoyar”, dijo la Magistrada Presidenta del TEPJF al participar en el panel “El defensor público electoral: Su contribución a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizado por Naciones Unidas.
Al presentar la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en la sede de Naciones Unidas, dentro del marco del Décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Magistrada Presidenta destacó el mecanismo mexicano para fortalecer los derechos de los pueblos originarios.
“No podemos hablar de justicia en un país, en una democracia, si no hay acceso efectivo a los tribunales, ya sea por cuestiones económicas, por la complejidad del procedimiento, por cuestiones de lengua o por las distancias”, expresó.
Refirió que casi 30 años después de que México reconoció el carácter multicultural de la sociedad fue creada la Defensoría, tras un diagnóstico de 10 años de resoluciones, durante los cuales se conocieron por parte del Tribunal Electoral más de dos mil 500 juicios, unos 250 casos al año, en los que estaban comunidades indígenas o ciudadanos indígenas, involucrados o directamente en conflicto para el acceso a cargos públicos.
“Nos tardamos en cumplir esta deuda que tenía el Estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas”, afirmó la magistrada Otálora Malassis.
Asimismo, indicó la necesidad inminente de crear un mecanismo que permitiera un mayor acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas para garantizar un derecho constitucional y humano, que es contar con una defensa jurídica adecuada, profesional y gratuita.
A un año de la creación de la Defensoría, de la cual fue titular, la magistrada Otálora Malassis destacó los esfuerzos del órgano jurisdiccional para acudir a las comunidades indígenas y brindar asesoría o mediación con las defensoras y defensores.
Entre las acciones realizadas enunció la línea de teléfono gratuita, la creación de un padrón de traductores en las 68 lenguas indígenas y sus más de 365 variaciones, la elaboración y distribución de trípticos en 20 lenguas indígenas, la difusión de la Defensoría a través de la radio comunitaria y con traducción, y la elaboración del Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales.
