- Se conformará una plataforma digital que dará seguimiento a la evolución patrimonial del funcionario y permitirá cruzar información con el Sistema Nacional de Fiscalización. El nuevo ordenamiento fomenta además la participación ciudadana en aras de inhibir y combatir cualquier acto de corrupción.
- Se creará la Fiscalía Anticorrupción, órgano que investigará y perseguirá este tipo de actos ilícitos.
- La ley está integrada por 51 artículos distribuidos en 5 títulos, 9 capítulos y tres secciones.
- Fue avalado también el ordenamiento que acotará los esquemas de contratación de deuda pública y obligará a la disciplina financiera de los entes públicos.
AGUASCALIENTES, Ags., viernes 5 de mayo de 2017.- Los diputados que integran la LXIII Legislatura aprobaron la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual se conforma por 51 artículos distribuidos en 5 títulos, 9 capítulos y tres secciones, presentada en conjunto por los diputados Guillermo Alaniz de León y Sergio Javier Reynoso.ordenamiento permitirá, entre otras cosas, la creación de una plataforma digital en la que se dará seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios, de los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan servidores públicos.
Esta nueva ley establece los lineamientos para el cruce de información con el Sistema Nacional de Fiscalización, además de conformar un apartado para la recolección denuncias públicas por faltas administrativas y hechos relacionados con presuntos actos de corrupción, incentivando con ello la participación ciudadana.
El documento establece transitorios, en los que se señala que se designará una Comisión de Selección (5 integrantes escalonados), dentro de un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto de esta iniciativa, con el propósito de nombrar a los integrantes que formarán parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal.
Guillermo Alaniz, Coordinador del GPPAN-PES, afirmó que esta iniciativa atiende no sólo a una norma federal, sino a una demanda social que exige se elimine la impunidad, ya que es una herramienta eficaz que permitirá combatir y sancionar todo acto corrupción.
Destacó la creación de un Comité de Participación Ciudadana con autonomía propia, además de que se contempla la operación de una Fiscalía Anticorrupción que investigará y perseguirá estos actos ilegales que denigran la confianza de la sociedad y causan su indignación. Por ello, se establecen sanciones ejemplares para quienes los cometan, puntualizó.
Iván Sánchez Nájera reconoció la loable labor para impulsar estas iniciativas, al considerar que el sistema estatal debe dar las herramientas para combatir este tipo de ilícitos; y de de forma paralela, también se deben impulsar programas educativos que reviertan “esa cultura de la corrupción desde temprana edad”.
Sánchez Nájera dijo que esta ley responde a la exigencia ciudadana que pide que los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito no queden impunes. Consideró que existe la necesidad de presentar una iniciativa y turnarla al Congreso del Estado que busque garantizar que la prisión preventiva se aplique también cuando se juzguen estos dos tipos penales.
Sergio Reynoso Talamantes, Iván Sánchez Nájera, Gustavo Báez Leos y Citlalli Rodríguez González, presentaron algunas reservas en diversos artículos de la ley, las cuales serán analizadas al interior de Comisiones, a propuesta del legislador Guillermo Alaniz de Léon.
En otro punto del orden del día, el Pleno aprobó por mayoría la iniciativa de Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera, que presentaron por separado, los diputados Jaime González de León y Sergio Reynoso Talamantes, a nombre del GPPAN-PES y del GPPRI, en ese orden.
El ordenamiento busca moderar los esquemas de endeudamiento de los entes públicos y reducir el costo del financiamiento a través de criterios de responsabilidad hacendaria que regirán al Estado y los municipios para un manejo sustentable de sus finanzas públicas.
La nueva legislación establece los requisitos para la contratación, operación, registro, administración y control de financiamientos que constituyan la deuda pública del Estado, así como las obligaciones derivadas de los Financiamientos y Asociaciones Público Privadas, y garantizar con ello una gestión pública responsable.
Sergio Reynoso Talamantes señaló que esta nueva legislación fomenta el impulso de un modelo innovador en materia de control hacendaria, porque es momento de poner candados a la impunidad, a la corrupción y al manejo irresponsable de los recursos públicos, y garantizar que el dinero del pueblo sea bien manejado, cualquiera que sea el partido en el poder público.
