AGUASCALIENTES, Ags., 12 agosto 2020.- En México no se tiene tipificado la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla, denunció la diputada Norma Guel Saldívar, al proponer cambios al Código Penal Federal, para sancionar conductas que vulneran los derechos político electorales.
Destacó que en el país no existe un marco legal uniforme que se ocupe de la violencia política de género, lo que obligó a diversas autoridades a implementar un protocolo para atender esa problemática, mientras que los tribunales electorales crearon diversos criterios jurisprudenciales en la materia, lo cual implicó algunas limitantes que han restringido su eficacia.
La diputada por el estado de Aguascalientes, destacó que la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría DDHH), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), elaboraron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, con el compromiso por garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales, como parte integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres, relató la diputada Guel Saldívar.
Este Protocolo es una valiosa herramienta para partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y para las personas defensoras -institucionales y no institucionales- de los derechos humanos, “lo que seguramente fomentará la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y mejores condiciones de justicia para las mujeres”.
Por ello, debemos crear un marco normativo que facilite la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género; que la federación sirva de guía para los estados y municipios en la atención a víctimas de esta modalidad de violencia a partir de atribuciones debidamente detalladas y delimitadas.
Que se favorezca una adecuada coordinación entre las instituciones federales y fortalecer a las entidades e instancias gubernamentales que puedan orientar a las víctimas en el ámbito federal y local (estatal y municipal) acerca de lo qué es y no es dicha violencia, así como de las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas.
