- Represión en Aguascalientes
- La libertad de manifestación
- Violan los derechos humanos
Javier Rodríguez Lozano
AGUASCALIENTES, Ags., martes 13 noviembre 2018.- Es muy probable que estemos frente a un caso de represión en el gobierno de Martín Orozco Sandoval, sensiblemente grave y delicado en tiempos de hastío en la cosa pública. Ayer lunes, la carretera México-Pachuca a la altura de San Juanico, pequeña porción del municipio mexiquense de Tlalnepantla, habitantes del poblado bloquearon las vialidades, en represalia porque la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México había realizado un operativo y detenido a cuatro personas, como resultado del asalto previo a un automovilista. La gente se amotinó porque habían detenido a vecinos, presuntos asaltantes… Antes, el pasado sábado, el gobernador Martín Orozco mandó detener a una veintena de vecinos que se manifestaban en contra de la construcción de una obra vial –paso a desnivel- en el cruce de Camino a San Ignacio y Segundo Anillo. A dos años de su mandato el contador Orozco Sandoval ha demostrado ser insensible al delicado arte de gobernar. Digamos que en el ajedrez político local las piezas que ha movido han sido más en beneficio propio que popular, y esto lo nota hasta el más distraído. Solo así se explica la flagrante violación al célebre Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”… Ciertamente, todavía recordamos los quebraderos de cabeza de los asesores de regentes de la capital del país, como el mismo Manuel Camacho Solís, cuando se trataba de contener las manifestaciones que para entonces (1988-93) ya tenían hartos a los capitalinos, pero no había marco legal que las impidiera. Vaya, ni siquiera el Artículo 9 de la Constitución Política de México, que dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal, y no podrás ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición a presentar una protesta por algún acto de autoridad”. Y aquí está el quid del asunto: Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que aprehendieron a los alrededor de 20 vecinos de Camino a San Ignacio, en Colinas del Río, violaron flagrantemente esta ley, y con ella el propio gobernador Orozco Sandoval, que en su toma de posesión se comprometió a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen” … El profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director de Cuestiones Constitucionales de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Edgar Corzo Sosa, dice que si bien la libertad de manifestarse no está implícita en la Carta Magna, sí hay dos derechos humanos que la consagran, “en los que está incluido el derecho a manifestarse públicamente”. El especialista cita en primer término al Artículo 6º Constitucional, que establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público” … Es probable que en esto último –como si estuviéramos en los prolegómenos de la revuelta estudiantil de 1968 con el derecho de reunión que aquí llaman orden público- se haya basado el secretario de Gobierno Enrique Morán Faz, para ordenar a la policía estatal detener a los manifestantes de Camino a San Ignacio, pero perdiendo de vista que la protección a los derechos humanos está por encima… La manifestación pública, resume Edgar Corzo Sosa, “la encontramos prevista en el derecho de reunión reconocido en el Artículo 9º Constitucional, al decirse que no debe considerarse ilegal una reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto de autoridad”, como fue el caso de la represión de Colinas del Río.
LA COSA ES QUE…
Para el presidente honorario de la Barra de Abogados del Estado de Aguascalientes, Leobardo Contreras Moreno, los hechos ocurridos en Segundo Anillo y Camino a San Ignacio constituyen una grave falta de respeto a los derechos humanos y a la libertad de manifestación de las ideas. Debemos dejar el pasado atrás, concluyó; qué tal.
