COSA DE PRENSA

 Leobardo Contreras Moreno, presidente honorario de la Barra de Abogados de Aguascalientes, A.C.

  • Abogados en guerra silenciosa
  • De ‘la mafia del poder’ vs la 4T
  • Lozoya buena defensa/mal fiscal

 

Javier Rodríguez Lozano

AGUASCALIENTES, Ags., lunes 29 julio 2009.- Aquí, una jueza federal fijó una fianza de 10 mil pesos a un amparo que involucraba un litigio fraudulento menor a los 200 mil pesos, mientras que, en la capital del país, otro juez federal concedió suspensión definitiva con garantía de solo cuatro mil 500 pesos a un amparo, por soborno de Odebrecht de 10.5 millones de dólares, asimetrías que lastiman el sentido común. Son parte de la guerra sorda de abogados de “la mafia del poder” contra la 4T, en desventaja éstos por su inexperiencia, frente al colmillo retorcido de los Javier Coello Trejo y Juan Collado, que fácilmente desbarataban consignaciones o sentencias inconsistentes adrede, para cobijar corrupción e impunidad, contra las que se lanza resuelta la administración de Andrés Manuel López Obrador. Su éxito dependerá de que los juristas superen la pericia de los abogados del diablo… El juez 10º de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, concedió la protección de la justicia federal a Gilda Margarita Austin y Solís, y le fijó fianza de solo cuatro mil 500 pesos, para evitar su extradición de Alemania donde permanece detenida, dos meses después de que el abogado Javier Coello Trejo argumentara que la inhabilitación a Emilio Lozoya Austin se basaba en una cuenta de Suiza a paraísos fiscales y revelara que fue aperturada por su mamá, una cuenta por 185 mil dólares, parte de los 10.5 millones de dólares que se presume entregó Odebrecht a Emilio Lozoya Austin… Leobardo Contreras Moreno, presidente honorario de la Barra de Abogados del Estado de Aguascalientes, revela a COSA DE PRENSA esa guerra sorda entre malos y buenos abogados. Dice: “El hecho de que a la madre de Emilio Lozoya se haya otorgado un amparo, creo que ella tiene derecho como todo ciudadano mexicano, lo que es totalmente ridículo es que le hayan fijado una fianza tan baja, dado los antecedentes que supone que debe de haber librado una orden de aprehensión. De acuerdo con la Ley de Amparo cuando se concede una suspensión provisional en principio, el juez no tiene los elementos para fijar una suspensión provisional. Pero, una vez que la autoridad le rinde su informe previo y justificado del por qué quiere detener a la persona, le manda expedientes y constancias, y ahí se ve de qué se tratan las cantidades que se le atribuyen. Entonces sí tiene los elementos para conceder la suspensión definitiva. Al concedérsela, se le fija una garantía muchísimo más alta, acorde a la realidad del daño patrimonial que se presume involucrado. Creo que aquí la función del Ministerio Público adscrito al juzgado que conoce del asunto, debe de estar muy al pendiente para hacer la solicitud; porque, además, en caso de que no esté conforme, o el juez no actúe debidamente, él debe hacer valer el recurso de queja, diciéndole: ‘Señor juez, nada más justifícame el por qué fijas esas cantidades. Y mediante el recurso de queja, de impugnación, sus superiores pueden revocar esa resolución y fijar una cantidad mayor. Si estamos en un estado de derechos y los abogados, ministerios públicos adscritos al juzgado de Distrito, donde se lleva el juicio están al pendiente y no hay intereses políticos, deben de cuidar su procedimiento. No es válido que ante los asuntos públicos importantes y de gran detrimento patrimonial nacional, no haya abogados totalmente capaces, con experiencia, con conocimientos plenos para adelantarse con la impugnación de los recursos correspondientes, tanto en materia federal como en otros juzgados. No es posible que en un momento dado pongan a abogados bisoños -con el respeto que me merecen todos los abogados- que no tengan la experiencia suficiente para combatir a adversarios del calibre de Javier Coello Trejo y de todos los abogados que tiene”.

LA COSA ES QUE…

Relata Leobardo Contreras Moreno cómo, antes de la 4T, muchos ministerios públicos hacían consignaciones débiles, para permitir que abogados inescrupulosos sacaran fácilmente de la cárcel a consumados delincuentes, en contubernio con jueces venales, otra de las explicaciones del escandaloso aumento de la criminalidad e impunidad. (Continuamos); qué tal.

 

 

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