• Garantizar imparcialidad, objetividad, ética pública y recuperar confianza ciudadana, los objetivos de la propuesta
• Las y los legisladores plantearon que las consideraciones de expertos se analicen e incluyan en el dictamen
CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 3 junio 2020.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción conoció la iniciativa que crea la nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés, que impulsan diputados de Morena, además de las propuestas de especialistas en la materia.
Al respecto, el secretario de esa instancia legislativa, José Luis Montalvo Luna (PT), planteó la disposición de comentar, discutir y deliberar el contenido de la propuesta. Estimó que las consideraciones de académicos y abogados ofrecen claridad y son relevantes para enriquecerla, discutirla en tiempo y forma, y que posteriormente se apruebe por el bien de México, la transparencia y eliminar la corrupción en el servicio público.
En la octava reunión virtual, participaron Max Kaiser Aranda, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo en el ITAM y coordinador del Programa Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y David Enrique Merino Téllez, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la instancia legislativa y asesor del gobierno federal en regulación digital.
Planteamientos de diputadas y diputados
Por el PAN, la diputada Marcela Torres Peimbert subrayó que las y los legisladores deben trabajar sin importar el color partidista, con el fin de atacar este flagelo y que el país sea más transparente. Consideró que esta iniciativa tiene muy buena intención; no obstante, puede no sólo ayudar a que haya menos conductas ilícitas, sino al revés, y hacerlo más complejo y subjetivo en cuanto a criterios.
De MC, la diputada Ruth Salinas Reyes inquirió la posibilidad de que esta iniciativa se contraponga con lo que establece la Ley General de Responsabilidad Administrativas desde sus definiciones y sanciones y que genere antinomias que eviten que no se combata el conflicto de interés.
La diputada del PAN, Martha Elisa González Estrada, se pronunció por perfeccionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al estimar que “no porque existan más leyes habrá menos corrupción”. Dijo que no se tiene que sobrelegislar, sino perfeccionar lo que ya hay.
Del PRI, la diputada Ximena Puente De la Mora señaló que el desafío no es tener más leyes, sino mejorar las que hay; los comentarios de expertos traen mucha luz al analizar iniciativas importantes, porque las tres mayores preocupaciones de la ciudadanía son: inseguridad, corrupción e impunidad.
El diputado de Morena, Marco Antonio Andrade Zavala presentó la iniciativa la nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés, impulsada por él, el coordinador de su partido, Mario Delgado Carrillo y el diputado Manuel Gómez Ventura, también de Morena. La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 19 de marzo, tiene el propósito de garantizar la imparcialidad, objetividad, establecer una nueva ética pública y recuperar la confianza ciudadana, que permitan combatir la corrupción e impunidad.
Argumentó que el marco normativo vigente en la materia no se adecua a los estándares internacionales y es omiso en regular los conflictos de intereses que pueden materializarse, una vez que los servidores públicos se separen de su encargo, por lo que ha resultado ser insuficiente para prevenir y sancionar este tipo de conductas.
Es indispensable contar con un instrumento especializado que elimine los beneficios ilegítimos de servidores públicos, sus familiares y amigos. Es una propuesta perfectible, afirmó, por lo que llamó a profundizar el análisis en parlamento abierto, y aprobarla, porque bloqueará todas las modalidades de corrupción, sostuvo.
Consideraciones de especialistas
Max Kaiser Aranda, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo en el ITAM y coordinador del Programa Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expresó su preocupación porque la iniciativa plantea que los servidores públicos deben separarse de sus bienes y patrimonio logrados durante toda su vida, así como de sus intereses, pudiendo provocar muchos problemas, como a la simulación, y poner a nombre de alguien más sus propiedades.
Propuso enfocarse en la autonomía de los órganos incorporados al Sistema Nacional Anticorrupción para que escojan a quién investigar, sin criterios políticos y sancionarlos, sólo así se lograría combatir ese flagelo. Es la clave para construir otra historia en México, y ejercer las tres vertientes: penal, administrativa y de fiscalización para meter a la cárcel a los corruptos,
Tener la plataforma nacional digital como el cerebro contra la corrupción, aplicar la inteligencia artificial para prevenir y detectar conflictos de interés para conocerlos más fácil, porque este mecanismos podría tener acceso a todas las declaraciones patrimoniales, registros de propiedad, transacciones financieras y de comercio, para alertar posibles problemas, lograrlo sería el gran avance de la historia del país para combatir la corrupción.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, es buena y sólida, pero siempre tiene que adaptarse y moldear con el tiempo. “Revisar en qué momento estamos en la aplicación de esta ley, qué ha servido y qué ha fallado, para ajustarla a la realidad, como los conceptos que propone la iniciativa”, consideró.
Al participar, David Enrique Merino Téllez, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la instancia legislativa y asesor del gobierno federal en materia de regulación digital, planteó fortalecer la eficiencia y eficacia de las normas que hay. No tenemos procesos o condenas en materia de corrupción, el índice es muy bajo, “se debe fortalecer la investigación y la judicialización de los procesos y lleguen a una condena conforme a la ley.
Apuntó que “tenemos una muy buena ley que es perfectible. La iniciativa tiene varias proposiciones valiosas, que se pueden incorporar a la Ley General de Responsabilidad Administrativas”. Señaló la necesidad de consolidar mecanismos tecnológicos para utilizar blockchain (cadena de bloques), identificación biométrica y firma electrónica para identificar a los beneficiarios finales de las compras públicas reales, a fin de tener esquemas de seguridad informática y prevenir la corrupción y conflictos de interés.
Resaltó como tema fundamental la capacitación vinculada a la prevención, en los ámbitos público y privado, porque mucha gente desconoce que la corrupción cuando menos abarca diez conductas, que se tienen que prevenir. Combatir conductas ilícitas no deben tener ni partidos ni colores ni interesar quién gobierne. Propuso intensificar la capacitación, tecnologización y fortalecer la ley existente a través de una eficiencia en la aplicación de las normas anticorrupción y que haya resultados.
