En diálogo estatal en Sinaloa, Culiacán, se busca propuestas de reforma constitucional del Ejecutivo Federal en materia de bienestar
• Participan diputadas, diputados, expertos, líderes comunitarios, académicos, funcionarios y organizaciones sociales
CULIACÁN, Sin., sábado 6 abril 2024.- Este viernes se realizó en el Congreso del Estado de Sinaloa, el Diálogo Estatal “Reformas Constitucionales para el Bienestar”, con la finalidad de analizar y discutir las iniciativas del Ejecutivo a los artículos 4º y 27, y la adición de un segundo párrafo al artículo 123, todos de la Constitución Política, convocado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Comisión de Bienestar.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), explicó que en este foro se analizaron y discutieron las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal en materia de programas para el bienestar. Asimismo, se abordaron propuestas que tienen como objetivo primordial garantizar una vida digna y plena para todas y todos los mexicanos.
Destacó que la iniciativa en materia de programas de bienestar propone reformar el artículo 4° de la Constitución Política con el fin de garantizar una pensión contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como para las personas adultas mayores a partir de esa edad.
Plantea reducir la edad para acceder a la pensión de adultos mayores de 68 a 65 años, además de blindar los recursos destinados a estos programas sociales, al establecer que serán suficientes, oportunos y adecuados, y que no podrán ser disminuidos en términos reales.
Por otra parte, añadió, adiciona el artículo 27 constitucional para garantizar un jornal seguro, justo y permanente a los campesinos que cultiven sus tierras, apoyos directos y fertilizantes gratuitos para los productores de pequeña escala y los pescadores artesanales. Propone mantener precios de garantía para la compra de granos básicos.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que las opiniones y propuestas que de este encuentro surjan servirán para sacar de mejor manera la reforma en materia de bienestar, enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, toda vez que se busca instaurar en la Constitución los derechos sociales para todas y todos los mexicanos.
En este sentido, se pronunció a favor de que se le dé al país y a los mexicanos el lugar que merecen para avanzar a través de las reformas que se van construyendo, hacia un liderazgo fuerte, “pues más nos vale no desmantelar” a la nación y mantenerla firme.
La diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) refirió que es deber de las y los legisladores otorgar herramientas que garanticen mejores oportunidades para el bienestar, progreso, justicia social, reducir brechas de género y desigualdad social. Consideró que solo con la participación de todos, sociedad civil, académicos, entes gubernamentales y organismos autónomos se consolidará un estado de bienestar. Afirmó que este ejercicio es relevante porque fortalece las bases constitucionales para mejorar las condiciones de vida.
En su oportunidad, la diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena) dijo que con estas reformas se asegura que las personas adultas mayores a partir de los 65 años tengan garantizado un ingreso digno a través de una pensión que se incrementará cada año, como un reconocimiento a su trabajo y aportación a la sociedad, garantizando su bienestar en una etapa de su vida que más lo necesita.
En tanto, la diputada Ana Yolanda Elizalde Gastelo (Morena) destacó que el tema de bienestar es relevante e importante para la ciudadanía. Mencionó que la discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del marco que se considera normal para el ser humano. La reforma plantea garantizar el apoyo a las personas adultas que sufran algún tipo de discapacidad.
El diputado Casimiro Zamora Valdez (Morena) destacó la importancia de la participación del pueblo para aterrizar los programas sociales. Mencionó que entre los objetivos del foro de bienestar es que el pueblo se entere que se proponen reformas para darle un nuevo sentido a la justicia social. “De 2018 a la fecha se han realizado foros para que se sepa qué es lo que hacen las diputadas y los diputados para beneficiar a la población”.
Por su parte, la diputada local del PT, María Guadalupe Cázares Gallegos, integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, afirmó que este encuentro es acertado y representa un paso crucial hacia un futuro más prometedor y equitativo para la sociedad, en un momento en el que el país enfrenta múltiples desafíos que afectan a las comunidades, por lo que el intercambio de ideas llevará a emprender acciones más justas hacia la sociedad.
El diputado local, Rubén Miranda López (Morena), del Congreso de Sinaloa, celebró que se lleven a cabo estos foros en donde las distintas opiniones y formas de ver la realidad social de México son compartidas, y desde ese ejercicio democrático se pueden construir las mejores rutas para mejorar la vida de las y los mexicanos. Destacó que es primordial el análisis y diálogo de las leyes que rigen nuestra nación y en este caso de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo.
Ponencias
José Nabor Cruz Marcelo, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), puntualizó que los grupos poblacionales que tendrán mayor incidencia en la discusión de estas iniciativas son las personas con discapacidad y el grupo de 65 años y más por encontrase en mayor rezago social. Mencionó que en 2022 el 36.3 por ciento de la población estaba en situación de pobreza multidimensional. Si se compara con 2018, que había 41.9 por ciento, y entre 2018 y 2020, hubo una reducción de casi seis puntos porcentuales.
Comentó que la carencia que tuvo mayor prevalencia en 2022 en promedio nacional fue la de acceso a seguridad social, 50.2 por ciento de la población la reporta, mientras que 39 por ciento denuncia la falta de servicios de salud y 19.4 por ciento tiene rezago educativo. Apuntó que la reducción más significativa fue la carencia por alimentación nutritiva de calidad, que en 2018 rondaba casi el 23 por ciento de la población y para 2022 disminuyó a poco más de 18 por ciento.
María Inés Pérez Corral, secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Sinaloa, estimó que el análisis y debate de las iniciativas para elevar a rango constitucional los programas sociales debe girar en torno a su permanencia, universalidad y salvaguarda en cada uno de los estados de la República. Enfatizó que la pensión dirigida a la población con discapacidad no debe ser discriminatoria y llegar a las personas que lo necesitan desde cero hasta los 64 años, pues actualmente el límite es de 29 años.
El doctor en derecho constitucional, Felipe César González Morga, destacó la importancia de reformar el artículo 4º constitucional, ya que garantiza los derechos humanos a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores. En el caso de los discapacitados, se adiciona un aspecto novedoso: que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación o habilitación, para que adquieran capacidades nuevas, se desarrollen de mejor manera y tengan beneficios individuales y sociales.
Francisco Álvarez Valdéz, doctor en derecho constitucional, dijo que la iniciativa es un avance importante porque beneficia a jóvenes entre 18 y 29 años a quienes se propone capacitar, por lo que resulta relevante destinar presupuesto para garantizar este derecho. “Debe instituirse la obligación de la Federación, entidades federativas y ayuntamientos para que establezcan partidas específicas en el Presupuesto de Egresos que se aprueba de forma anual.
