CIUDAD DE MÉXICO, viernes 16 de marzo de 2018.- La decisión de la Procuraduría General de la República de exonerar a César Duarte es un aviso, en letras luminosas: “no se preocupen priistas”, denunció el senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila.
El coordinador del PAN en el Senado consideró que en el fondo, el no ejercicio de la acción penal muestra la protección, complacencia y tolerancia que este gobierno le ha dispensado “a uno de los tres integrantes de la nueva generación del PRI”, de los cuales dos están bajo proceso.
Recordó que similar mensaje dirigió el presidente Peña Nieto en abril de 2013 a la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ante acusaciones del PAN por el presunto desvío de fondos de programas sociales en Veracruz, para fines electorales a favor del PRI.
Al gobierno priista –observó– le preocupa mucho mantener “entre algodones” a César Duarte por todo lo que sabe de la red nacional de corrupción, triangulada entre la Secretaría de Hacienda, los gobernadores y el PRI, para la entrega de recursos federales.
Si duda, su exoneración es una nueva ofensa a la sociedad mexicana; es un caso más de justicia selectiva, que raya en el cinismo y la desverguenza, subrayó.
Por un lado, dijo, el gobierno provoca intencionalmente una severa crisis del sistema de procuración de justicia y al mismo tiempo le niega a los mexicanos instituciones independientes y autónomas, ajenas a cualquier interés partidista, para combatir prácticas corruptas.
La PGR y su encargado de despacho, añadió, han dejado de ser confiables para convertirse en garantes de la impunidad y tapadera de “los suyos”. Ambos ya son insostenibles, no responden al interés nacional sino al del partido en el poder y, de paso, amedrentan al adversario político.
Destacó que de un gobierno sitiado por su misma corrupción se puede esperar todo, sabedor de que va a perder la elección presidencial y temeroso de que el nuevo gobierno de coalición que encabezará Ricardo Anaya se ha comprometido públicamente a romper todo pacto de impunidad y castigar la corrupción.
No descartó que el caso Duarte sea el inicio de una serie de carpetazos a asuntos escabrosos para el gobierno como la triangulación de 250 millones de pesos que el ex gobernador operó para las campañas del PRI y el financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto en 2012.
Los señalamientos–agregó– son muy graves, empezando por la casa blanca, el socavón, la estafa maestra, los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade en Sedesol, y ahora se suma el rescate de la constructora ICA con fondos del Pensionissste.
Por eso y para que “ya no se preocupen” está en la ruta de otorgar amnistía anticipada a los integrantes del gobierno federal y de su partido denunciados por corrupción y aplicar “borrón y cuenta nueva” a los casos que han marcado a la presente administración, remarcó Herrera Ávila.
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