• El senador sostuvo un encuentro con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.
• Insiste en revisar expedientes de personas que están privadas de su libertad por razones “no jurídicas”. 

CIUDAD DE MÉXICO, sábado 22 abril 2023.- México requiere de un nuevo sistema de justicia, con jueces honestos, que no tengan aptitudes de complicidad, corrupción o de vendettas políticas, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El senador sostuvo un encuentro con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, para abordar casos de personas privadas de su libertad, que probablemente puedan ser inocentes.

Previo al encuentro, ofreció una conferencia de prensa, acompañado de organizaciones de la sociedad civil, en la que expresó que requerimos de un nuevo sistema de justicia en el país, con jueces honestos, “un sistema de justicia mucho mejor que el que tenemos”.

Reconoció que en esta materia hay un déficit con la gente, por lo que es necesario coincidir en una reforma constitucional que permita construir el sistema de justicia que merecemos los mexicanos.

Monreal también asistió al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, en Puebla, para entrevistarse con personas privadas de su libertad, cuyos casos presentan presuntas irregularidades.

Por lo que insistió en establecer una mesa de justicia y paz, para revisar los expedientes de personas que están privadas de su libertad por razones “no jurídicas”.

Además, destacó que la próxima semana las y los senadores tendrán un intenso trabajo legislativo, pues el Senado revisará con mucho cuidado las reformas en materia de concesiones para minería y agua que aprobó la Cámara de Diputados.

Dijo que una vez que se reciba y se turne el proyecto a las comisiones, los senadores ejercerán sus facultades como Cámara revisora, así como se hará con la minuta sobre la disminución de la edad, a 18 años, para ocupar el cargo de diputados federales y a 25 años para las secretarías de Estado.

Monreal informó que también se revisará la denominada ley 3 de 3, que inhabilita para el servicio público a todos los agresores, a quienes ejerzan violencia familiar o sexual, así como a deudores alimentarios.

Agregó que el mismo proceso legislativo se aplicará para la modificación al artículo 19 de la Constitución Política, para considerar como delito grave el tráfico de armas.

La semana que entra, dijo, “nos vamos a emplear a fondo” para ver si logramos consensar los nombramientos pendientes, no sólo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sino los de magistrados electorales, de justicia administrativa y agrarios, entre otros.