La Cámara de Senadores exhortó a la Fiscalía General de la República, y a sus homólogas en los 32 estados, a dar seguimiento y respuesta eficaz a las denuncias realizadas por usurpación de identidad, a través de dispositivos de las tecnologías de la información y comunicación.

• Advirtieron que la Condusef reportó más de 16 mil robos de identidad y fraudes cibernéticos en lo que va del año.

CIUDAD DE MÉXICO, lunes 14 noviembre 2022.- La Cámara de Senadores exhortó a la Fiscalía General de la República, y a sus homólogas en los 32 estados, a dar seguimiento y respuesta eficaz a las denuncias realizadas por usurpación de identidad, a través de dispositivos de las tecnologías de la información y comunicación.

En un dictamen, que se aprobó sin discusión en la sesión del 9 de noviembre, el Senado pidió evaluar y diseñar un programa integral apegado a estándares internacionales para proteger y garantizar el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Los legisladores reconocieron que en el país no existe una cultura pública para la denuncia; sin embargo, la FGR cuenta con al menos cinco mil carpetas de investigación abiertas relacionadas a delitos cibernéticos.

Menciona el documento, que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, alertó que en 2022 se han registrado más 16 mil robos de identidad y fraudes cibernéticos reportados.

También destaca que datos de la empresa Fortinet, México es el país más atacado en la región de Latinoamérica, pues se encontraron más de 18 mil detecciones de ransomware, así que en la región se registraron 137 mil millones de ciber-ataques en la primera mitad del 2022.

Lo que representa 50 por ciento más de ataques en comparación con la primera mitad del 2021, con 91 mil millones de ataques, puntualiza el dictamen.

Las y los senadores advirtieron que el hackeo, espionaje e intimidación por medios tecnológicos, informativos y de comunicación, no se limita al entorno político y a quienes participan en la vida pública del país.

Estas nuevas formas de transgredir las esferas del derecho -señalaron-, exponen a toda la ciudadanía, pues en México se sufren los estragos de este nuevo sistema de ataque político.