Continúa el seminario virtual “Implicaciones Éticas de la Innovación Tecnológica y de la Actividad Científica”
Palacio Legislativo, miércoles 11 octubre 2022 (Notilegis).- Durante los trabajos del seminario virtual “Implicaciones Éticas de la Innovación Tecnológica y de la Actividad Científica”, en su quinta sesión titulada “Incidencia de los PRONACES en los derechos fundamentales”, expertos plantearon las necesidades y ventajas del desarrollo de la ciencia y la tecnología, como parte de los Programas Nacionales Estratégicos.
La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) explicó que los derechos fundamentales, que están reconocidos en la Carta Magna, buscan que la persona disfrute de una vida en condiciones de plena dignidad, pues son inalienables, inviolables e irrenunciables, por lo que con estas características se vuelve necesario que las políticas de gobierno y cambios al marco normativo estén orientadas a garantizarlos.
“Bajo este escenario es que actúan los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), que son los ejes que ha delineado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para organizar todos los esfuerzos de investigación que permitan resolver los problemas nacionales más apremiantes: salud, educación, agua, cultura, vivienda, energía y cambio climático, además de seguridad, agentes tóxicos y procesos contaminantes”, mencionó.
De Morena, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, coordinadora temática de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que en los últimos tres años el Conacyt se ha enfocado a la promoción de una forma distinta de hacer de las humanidades ciencia, tecnología e innovación, con un claro compromiso social y ambiental articulando las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico del país para atender los grandes problemas nacionales.
“Las actividades de investigación y desarrollo tienen un papel fundamental para que como sociedad podamos encontrar el cauce que permita que todas las personas seamos partícipes del proyecto científico tal y como se expresa en la Constitución el derecho a la ciencia, el cual no puede hacerse realidad sin la oportuna participación del Estado para impulsarla. Nuestro país tiene desafíos que requieren de la intervención de científicos y tecnólogos”, subrayó.
Prioritario, aprobar Ley General por el Derecho a una Alimentación Adecuada
María Leticia López Zepeda, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), consideró que no permitir modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales ha generado un debate “que no está animado por el razonamiento de los derechos humanos, sino por los intereses económicos a costa de la población”.
Actualmente, agregó, está en proceso la Ley General por el Derecho a una Alimentación Adecuada, que instrumentaría y llevaría a la práctica un avance para materializar el artículo 4° de la Constitución, por lo que su aprobación debe ser una prioridad.
Asimismo, la Ley General de Salud en materia de plaguicidas y regulación de bioinsumos será un paso enorme para transformar el sistema agroalimentario. “Son leyes que en el fondo tienen el debate sobre qué modelo agroalimentario queremos para la producción y para la dignidad”.
Para impulsar la innovación desde la regulación sanitaria y con ética, se requiere un equilibrio
Natán Enríquez Ríos, comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dijo que para impulsar la innovación desde la regulación sanitaria y con ética, se requiere un equilibrio entre la protección a la salud, el impacto económico, el entorno político y lo social.
Comentó que la Cofepris tenía una tendencia a cumplir con estándares apegados a resolver problemáticas de la industria y no ser un factor para promover la salud pública, lo que los llevó a una estructuración que les permitiera tomar decisiones informadas, para generar autorizaciones con mayor transparencia, poniendo a la orden de la población todo lo que se realiza dentro.
Aprobar una nueva ley de humanidades, ciencias, desarrollo tecnológico e innovación, reto del Congreso
Octavio Rosas Landa, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el Congreso de la Unión tiene el reto de aprobar una nueva ley de humanidades, ciencias, desarrollo tecnológico e innovación, que generará condiciones para una mayor coordinación entre el Estado, la comunidad científica y las organizaciones de base comunitaria.
Asimismo, aprobar una nueva ley general de aguas y no una reforma cosmética a la Ley de Aguas Nacionales, que ya nos condujo a una crisis permanente. “Por las dimensiones de la crisis sanitaria, hídrica, económica, social y de seguridad que enfrentamos, es evidente el enorme reto que tiene el país para garantizar los derechos humanos”.
La diputada Tanori Córdova preguntó si los biofertilizantes son una opción para apoyar la producción alimentaria de México, y su importancia para alcanzar la producción necesaria, así como la posibilidad de reforzar la política en el rubro.
El profesor Rosas Landa dijo que la crisis cada vez más profunda de acceso al agua para los cultivos obliga a repensar, reconsiderar y construir un nuevo proceso en el cual la comunidad científica y los productores puedan intervenir virtuosamente y resolver estos problemas.
En tanto, María Leticia López Zepeda puntualizó que los biofertilizantes son una forma de recuperar la productividad y la rentabilidad en la producción. “Desde el punto de vista de la agricultura se tiene que trabajar arduamente con la ciencia y tecnología para lograr un plan nacional de transición agroecológica”.
Al cerrar el encuentro, la diputada Hernández Pérez señaló que se requiere una Cofepris que apoye a los tecnólogos y científicos para que salgan más rápidamente las patentes en favor de la soberanía tecnológica, antes de alcanzar la soberanía alimentaria.
