- Les faltó ética y calidad en el DIF Estatal
- Auditoría de la ASF no halló 701 mil pesos
- Nada comparado con acusaciones de 2010
- La UAA tuvo que devolver dinero faltante
Javier Rodríguez Lozano
CIUDAD DE MÉXICO, viernes 1 julio 2022.- Apenas ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de sus revisiones a las cuentas de la gestión pública correspondiente a 2021, por lo que los faltantes de 2022 serán solventados por la próxima administración aguascalentense 2022-2026.
A diferencia de su gestión como alcalde de la capital del estado y a tres meses y medio de terminar como gobernador, Martín Orozco Sandoval recibió de la revisión de la ASF algunos comentarios favorables, pero también otros negativos, que le restan pulcritud a una gestión localmente distante, silenciosa e indiferente.
En el Congreso de la Unión hay experimentados políticos, como el diputado morenista Leonel Godoy, que aseguran que el proceso electoral de Aguascalientes 2022 aún no está decidido y que debido a la impugnación de la excandidata Nora Ruvalcaba, “podría ocurrir una elección extraordinaria”.
Eso dependerá del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde podría repetirse la historia de 2016, cuando el entonces candidato del PAN, Orozco Sandoval, que superaba en encuestas con solo dos puntos a la candidata del PRI, Lorena Martínez Rodríguez, sería impugnado, y hasta finales de octubre de aquel año el TEPJF fallaría en su favor, luego de confirmarse el apoyo panista al Pacto por México de Peña Nieto.
De nada serviría que, en medios nacionales, como El Financiero se publicara el lunes 23 de mayo de aquel año, “cinco permutas irregulares de terrenos concretadas durante su trienio en la presidencia municipal para beneficio de familiares y amigos”.
Aquella nota periodística recordó que Orozco Sandoval enfrenta desde 2016 un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, debido a aquellos predios que, dice la información de prensa, beneficiaron a su esposa Yolanda Ramírez de Orozco; su concuña, Nicolasa Castañeda Reyes; su correligionario de partido, Evaristo Pedroza Reyes; y la empresa Beckser Inmobiliaria representada por Jesús Elías Serur Pelayo.
Cuando el pasado 31 de mayo Martha Márquez Alvarado renunciaba a su candidatura por el PT para sumarse a la campaña de Nora Ruvalcaba, se especuló que Martín Orozco libraría el auto de formal prisión en su contra por lo de los terrenos, porque su triunfo electoral se veía inminente, sin embargo, esos escenarios posibles aún respiran.
Así que hoy, en este viernes 1 de julio, que la ASP le pida al gobernador Martín Orozco el resarcimiento de 701 mil pesos no es nada.
En la evaluación que la ASF hiciera del Control Interno del Gobierno de Aguascalientes, se asentó:
“El DIF Aguascalientes no acreditó que los cursos implementados en el 2021 fueran enfocados en temas de ética, control interno y administración de riesgos que podrían afectar el complimiento de sus objetivos”.
Por alguna razón la ASF solo auditó el 71.5% de los 266 millones 839 mil 100 pesos auditados, es decir, 190 millones 790 mil 400 pesos.
En las campañas electorales del pasado mes de mayo se habló mucho acerca de que, en los últimos tres años, Aguascalientes no había recibido participaciones federales, sin embargo, eso no es así.
La Secretaría de Finanzas aguascalentense recibiría de la SHCP, conforme al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 242 millones 636 mil 400 pesos: para asistencia social el DIF Estatal recibiría 125 millones 732 mil 400 pesos y el Instituto de Infraestructura Física Educativa (IIFEA y UAA 116 millones 904 mil pesos.
La ASF señala que la UAA y el IIFEA, en el transcurso de la auditoría, “proporcionaron la documentación que acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación de siete millones 916 mil 986 mil 65 pesos y 16 millones 291 mil 31 pesos correspondientes a cargas financieras”.
Sin embargo, precisa el auditor superior de la Federación:
“Quedó pendiente el reintegro de 710 mil 537 mil 64 pesos del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, con lo que se solventa parcialmente lo observado”.
De la obra número 2021-005/OP-2021, 2021-006/OP-2021 y 2021-004/OP-2021 –de la UAA- “no se presentaron las fianzas de vicios ocultos, y la 004 careció del convenio de ampliación en tiempo, además la fecha del acta de recepción física de la obra fue posterior al plazo pactado, por lo que la entidad determinó y aplicó una pena convencional”.
En el transcurso de la auditoría –dijo la ASF- la UAA solventó estas observaciones con la documentación correspondiente.
En su dictamen, la ASF dijo que, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes infringió la normativa, principalmente en materia de Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, “lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 710 mil 500 pesos, que representó el 0.4% de la muestra auditada”.
El gobierno de Aguascalientes, agregó la ASF, “incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público careció de calidad y congruencia, y que las cifras presentadas no coincidieron con los reportes financieros emitidos por la entidad fiscalizada”.
Además de señalar la falta de calidad y ética en el manejo de los recursos, la ASF concluyó la determinación de 16 resultados, de los cuales en siete no se detectaron irregularidades y cinco fueron solventados, en tanto que cuatro más merecieron dos recomendaciones, una promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y un Pliego de Observaciones.
LA COSA ES QUE…
A pesar de ser una entidad muy pequeña y de fácil administración pública en Aguascalientes también se dan inconsistencias en las cuentas públicas.
Qué tal.
