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• Resolver conflictos con celeridad para quienes buscan justicia, el objetivo del proyecto que trabaja el Congreso: Ricardo Monreal.

CIUDAD DE MÈXICO , miércoles 22 junio 2022.- La expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es uno de los grandes pendientes en México, pues actualmente existe una diversidad de normas, reglas, plazos, términos y criterios para resolver conflictos cotidianos que resultan hasta contradictorios, destacaron senadores de la República.

En el tercer foro para analizar los alcances de este proyecto, que organiza la Comisión de Justicia, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que para expedir este ordenamiento es necesario tomar en cuenta los derechos humanos de los justiciables, la tutela jurisdiccional efectiva, la seguridad jurídica y la aplicación estricta de procedimientos ágiles, útiles y honestos.

Pero, sobre todo, enfatizó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el nuevo Código debe permitir resolver conflictos con celeridad para quienes buscan justicia.

En un mensaje videograbado, Monreal Ávila explicó que esta iniciativa la presentó en diciembre de 2021, para atender el mandato de la reforma a la Constitución sobre justicia cotidiana, que fue publicada en el Diario Oficial desde el 15 de septiembre del 2017.

Agregó que el proyecto incluye casi 900 artículos y que con estos foros inició el procedimiento legislativo para discutir, deliberar y recibir propuestas para enriquecer la iniciativa, que estima será aprobada en el inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones.

“Aquí están senadores y diputados, haremos juntos trabajo de conferencia para que tengamos rápido el proyecto definitivo y aprobarlo en beneficio de la población, en beneficio del derecho y de la convivencia pacífica y armónica de todos”.

Ricardo Monreal Ávila señaló que, ante los ojos del ciudadano, el sistema de justicia cotidiana “aún resulta lento, incierto, muchas veces discriminatorio, sumamente complicado y oneroso para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio a través de abogados”.

Llamó a que en el nuevo Código se privilegien las reglas, plazos, términos, criterios y sentencias claras, porque ahora son contradictorias.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Espino de la Peña, se sumó al llamado para aprovechar el uso de medios digitales y fortalecer la oralidad en los juicios, a fin de que la justicia sea una realidad.

Reconoció que la impartición de justicia es uno de los grandes problemas de nuestro país, pues “desafortunadamente se llega a pocas sentencias tanto en procesos civiles y familiares, y en materia penal prevalece la impunidad en el país”.

Consideró que ésa es una de las grandes asignaturas pendientes, no solo en el Senado de la República, sino en todos los Poderes de la Unión, y a eso obedece este esfuerzo: conocer visiones de especialistas, magistrados y población en general para aprobar un Código, que unifique los procesos en materia civil y familiar.

La senadora de Morena, Lucía Meza Guzmán, destacó la necesidad de crear una base única para fortalecer, unificar y perfeccionar las normas para satisfacer las necesidades cotidianas de justicia que exigen las y los mexicanos.

Resulta complicado, expuso, que la ciudadanía pueda acceder a una justicia expedita, por las reglas, plazos, términos, criterios y distintas sentencias, que a veces resultan contradictorias, por la diversidad de normas en los diferentes códigos procesales que existen en las entidades federativas.

El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, reveló que en México hay un millón 577 mil juicios locales totales al año, de los cuales, 45 por ciento no se resuelven en ese periodo; y del total de los juicios, 64 por ciento son de materia civil y familiar.

Por ello, abundó que si “hacemos bien este Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares vamos a tener un impacto en el 64 por ciento de los juicios que se llevan ante un juez anualmente”.

José Francisco Coronato, rector de la Universidad La Salle de Cuernavaca, coincidió en la necesidad de crear un marco jurídico que corresponda a los nuevos tiempos y que contemple la evolución de las problemáticas, así como las dinámicas de la impartición de justicia en la actualidad, con el objetivo de que se garanticen de mejor manera los derechos fundamentales de los justiciables en materia civil y familiar.