APRUEBA LXV LEGISLATURA EL PAQUETE ECONÓMICO ESTATAL DE AGUASCALIENTES 2022 POR MÁS DE 28 MIL MDP Y LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS
- Las y los legisladores estarán atentos a que el presupuesto se ejerza siempre en beneficio de la población; los rubros de salud, educación, seguridad pública y movilidad se verán fortalecidos el próximo año.
- Se eligió a la diputada Ana Gómez como presidenta de la Diputación Permanente; y en la vicepresidencia, el legislador Jaime González.
AGUASCALIENTES, Ags., viernes 24 diciembre 2021.- El pleno de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, aprobó el paquete económico que el Gobierno del Estado de Aguascalientes ejercerá para el ejercicio fiscal 2022, en el que se estipula un monto global de 28 mil 232 millones 811 mil pesos, así como las Leyes de Ingresos de los Municipios.
Se priorizaron los rubros de la salud y educación, que entre estos representan más del 50 por ciento del presupuesto estatal; así como el tema de la seguridad pública; y no se contemplaron nuevos impuestos.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que en el tema de la salud se van a destinar 20 millones de pesos al CRIT, asimismo 10 millones de pesos para Salud Mental, se prevén 7 millones de pesos para el área de atención a personas con quemaduras del Hospital Hidalgo y 2 millones a la Cruz Roja; entre otros.
Continuando con los dictámenes de las Leyes de Ingresos de los 11 municipios del Estado, analizados por la Comisión de Vigilancia, fueron aprobados en lo general solo 10 dictámenes por la mayoría de las y los congresistas.
Para el municipio de Aguascalientes se aprobó el dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve la iniciativa Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, el cual es de 4,217,939,500.00 pesos.
El objeto de la iniciativa consiste en establecer las fuentes de ingreso en que el Municipio de Aguascalientes, sustentará el cumplimiento de sus atribuciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, para el Ejercicio Fiscal del año entrante.
Se aprobó el dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve la iniciativa de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Asientos para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, el cual es de 270,411,500.00 pesos.
En tanto, el dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Calvillo para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, es de 420, mdp 619,318.68 pesos.
Se contempla para el municipio de Cosío recursos por el orden de 115,602, 050.00 pesos; por su parte para el Ayuntamiento de El Llano con una percepción en participaciones de 192,464,741.00 pesos.
El dictamen referente a la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María contempla 757 mdp 831 mil,222 pesos; relativo al Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga la iniciativa de Ley plantea ingresos para el 2022, de 210 mdp 641,730.00 pesos.
Rincón de Romos prevé una proyección de ingresos para el próximo año de 310 mdp, 355 mil 850 pesos; por su parte San Francisco de los Romo estima percepciones por el orden de los 270 mdp 956 mil 400 pesos.
El estimado de la proyección de ingresos en la localidad de San José de Gracia, quedó establecido en los 144 mdp,343 mil,337.00 pesos; mientras tanto la legislatura decidió no aprobar la Ley de Ingresos de relativo al municipio de Tepezalá, toda vez que no esta suficientemente sustentado; concluyendo así con los asuntos correspondientes con la miscelánea fiscal 2022.
En otro orden de ideas, se aprobó el Acuerdo Legislativo para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; el cual está integrado por cinco personas con carácter honorífico y estarán en el cargo por un periodo de cuatro años sin derecho a reelección contados a partir del primero de abril del 2022 y hasta el 31 de marzo del 2026.
La convocatoria se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de mayor circulación, en la página de internet del Congreso del Estado y en los estrados de las asociaciones civiles, legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones educativas de nivel superior que así lo permitan.
Por lo que se convoca a las asociaciones civiles que estén legalmente constituidas cuyo objetivo esté vinculado con la difusión y protección de los derechos humanos, así como a los colegios de profesionistas e instituciones de educación superior del Estado, a fin de que presenten sus propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
Acto seguido, el Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia, a través del cual se expide la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes, además de reformar diversas disposiciones a las Leyes Orgánicas de la Administración Pública y de la Fiscalía General del Estado.
Respecto a este punto, el diputado ‘Temoc’ Escobedo celebró que se legisle en concordancia con la lucha de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que este nuevo ordenamiento contempla 23 principios rectores, como el Interés Superior de la Niñez y enuncia 16 derechos de las víctimas, como el de atención inmediata, en referencia a la hospitalización, protección policial y la reparación integral del daño. A la par, se estableció un Fondo de Atención a Víctimas, por más de 200 millones de pesos.
Por su parte, la legisladora Genny López también aplaudió la aprobación de este ordenamiento, pues “había una deuda de las autoridades hacia las víctimas del delito”, pues esta nueva ley estipula un sistema integral que buscará salvaguardar los derechos humanos y una más eficiente procuración de justicia, además de cumplir con la perspectiva de género y protección de grupos sociales vulnerables.
A su vez, el diputado Adán Valdivia expresó su beneplácito por la aprobación de esta ley que contiene un catálogo de delitos que merecen castigos penales severos y la reparación del daño, por lo que su correcta aplicación abonará al combate a la impunidad, instalará la justicia restaurativa y consolidará la protección de los derechos humanos, principalmente de los grupos sociales vulnerables.
En seguida, fue aprobado el Punto de Acuerdo a través del cual la LXV Legislatura exhorta al Gobierno Ferderal a dialogar con la comunidad estudiantil y académica del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), siempre bajo el principio de respeto a su autonomía y vida interna, con el propósito de encontrar una solución al conflicto que prevalece en la institución desde el pasado 29 de noviembre.
Sobre este punto, la diputada Ana Gómez hizo uso de la voz para anticipar su voto a favor, no obstante que señaló que “no estoy a favor del grupo conservador que no permite el avance de la transformación de la vida pública del país”.
A su vez, la legisladora Alma Hilda Medina, también expresó su aval al Punto de Acuerdo en referencia, pues este conflicto afecta la vida interna de una institución de prestigio, por lo que se pronunció para que se llegue a una solución y pidió mesura a las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya que han demostrado “cierta intolerancia a las voces que manifiestan criticas a las políticas y decisiones del Gobierno Federal”.
Por su parte, el diputado Quique Galo refirió que este conflicto se originó por la intromisión del presidente en la vida interna del CIDE, pues las voces de estudiantes y planta docente han manifestado que al director que pretenden imponer al frente de esta institución, José Romero Tellaeche, a quien señalan como una persona es “autoritaria y amigo del presidente”. Al hacer referencia a que la comunidad estudiantil y académica han señalado que el diálogo no se construye con interlocutores sordos y basado en ataques, prejuicios e intimidaciones por parte del presidente, lo cual no abona a encontrar una solución a este conflicto. En su intervención, propuso que el llamado sea al titular del Ejecutivo Federal y a los representantes del Conacyt, para que escuchen y atiendan las peticiones de la comunidad estudiantil y docente del CIDE.
A su vez, el promotor del Punto de Acuerdo, diputado Raúl Silva Perezchica, se pronunció por una solución que debe darse en breve y que no debe postergarse en aras de encontrar respuestas que consoliden al CIDE, institución que alberga, refirió, en su planta docente a tres académicos que ganaron tres Premios Nobel.
Ratificó que la docencia y la investigación deben estar alejados de las decisiones y debates políticos.
En otro punto del orden del día, se procedió a la elección de la Diputación Permanente, mediante voto por cédula, proceso en el que se designó a la diputada Ana Gómez como presidenta y a las y los legisladores Jaime González, ‘Temo’ Escobedo, Alma Hilda Medina y Adán Valdivia, en su calidad de vicepresidente, primer secretario, segunda secretaria y prosecretario, en ese orden.
Y como suplentes, las y los congresistas, Genny López Valenzuela, Juan José Hernández Aranda y Vero Romo, respectivamente.
Asuntos Generales
En el apartado de asuntos generales, fueron presentadas las iniciativas de Ley de las y los Congresistas Yoly Rodríguez, Ana Gómez y Raúl Silva Perezchica, en los temas de educación, ciencia y tecnología.
La diputada Ana Gómez, propuso reformas a la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento de la entidad, con el propósito de aumentar el presupuesto a este rubro para la investigación científica, para que Aguascalientes sea un estado pionero y este a la vanguardia de los nuevos retos en este rubro.
En tanto la legisladora Yoly Rodríguez, en su iniciativa planteó reformas a la Ley de Educación del Estado, para incluír la promoción y fomento del emprendimiento, la educación financiera y la cultura del ahorro en los planes y programas educativos que se imparten y promueven en Aguascalientes.
A su vez, el diputado Raúl Silva Perezchica, planteó una iniciativa de reforma para fortalecer el funcionamiento de las Escuelas Normales de la entidad, a través de sus sus programas, con el propósito de beneficiar a la planta estudiantil y académica, en aras de propiciar la formación de mejores profesionales de la educación.
Dentro de su propuesra, contempla declararla como “Ilustre y Benemérita”, además de dotarla de una mejor organización y mayor certidumbre legal para fortalecer las capacidades institucionales y de instrumentos para la rendición de cuentas para que cuente con una mayor autonomía de operación.
