- Por unanimidad fueron aprobadas la reforma constitucional local y la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.
- Fue reformada la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Aguascalientes.
- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó promover una controversia constitucional contra las modificaciones a la NOM-046-SSA2-2005
AGUASCALIENTES, Ags., viernes 6 de mayo de 2016.- En sesión ordinaria del Pleno Legislativo, este jueves fueron aprobadas por unanimidad las iniciativas en materia de transparencia planteadas por el titular del Poder Ejecutivo e integrantes del Congreso del Estado de Aguascalientes, tanto a nivel constitucional como en la normatividad reglamentaria para la entidad.
De esta manera, se sometió a debate el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelve la iniciativa por la que se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así mismo, se expide la Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, signada por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes; asimismo, la iniciativa por la que se adiciona la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado Guillermo Ulises Ruíz Esparza de Alba, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y la iniciativa por la que se adiciona la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por las legisladoras Martha Cecilia Márquez Alvarado y Sylvia Violeta Garfias Cedillo, también del GPPAN.
De manera general, las propuestas tienen por objetivo armonizar la normatividad local con la reforma a la Constitución Federal en materia de Transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, así como con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en consecuencia establecer en la Constitución local que Aguascalientes contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado.
En consecuencia, se buscar efectuar los cambios estructurales y procedimentales en el organismo local garante en la materia y de los sujetos obligados, a fin de garantizar el respeto al derecho humano de acceso a la información, así como la protección de datos personales, entre otras cosas.
Sobre el tema, la diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez afirmó que esta reforma no debe tener ninguna paternidad, pues es producto del anhelo de la ciudadanía, dándole mayores atribuciones al Instituto Estatal de Transparencia (ITEA), al dar a conocer que la adecuación de la iniciativa contempla que ninguna dependencia u organismo estatal estén excluidos de brindar información a quien la solicite, incluso, sindicatos, universidades públicas, y cualquier ente que ejerza recursos públicos estará obligado a rendir cuentas, recalcó.
La representante popular del PRI resaltó que esta es una reforma que propicia mecanismos que inhiben los actos de corrupción, al brindar un marco legal que garantice el derecho a la información pública de la población.
Aguilera Ramírez reconoció la labor de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que demostraron su voluntad política para impulsar y aprobar tan trascendente dictamen.
A continuación, la diputada Martha Cecilia Márquez Alvarado subió a la tribuna para respaldar el dictamen, quien refirió que a pesar de que se llegó al límite temporal para actualizar la normatividad en materia de transparencia, se realizó un buen trabajo legislativo, por lo cual reconoció la capacidad política de la diputada Ángeles Aguilera Ramírez.
No obstante, lamentó que el órgano encargado de garantizar la transparencia a nivel local sea el primero en caer en opacidad, y que a nivel federal el PRI “esté frenando la reforma total anticorrupción” así como iniciativas como la “Ley 3 de 3”.
Cabe hacer mención que por técnica legislativa, primero se dictaminó y votó lo referente a la reforma constitucional, que obtuvo la unanimidad de los integrantes de la LXII Legislatura, y posteriormente, lo referente a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes. Previamente, también se hizo la declaratoria de validez constitucional respecto a la reforma nacional, que también fue aprobada por la representación popular de la entidad.
Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Manuel Méndez Noriega, en representación del GPPRI-PVEM, dijo que estamos revitalizando nuestras instituciones para continuar impulsando el sistema democrático del siglo XXI, pues se incorporan varios apartados para que la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción sean una realidad.
El dictamen en mención, indicó Méndez Noriega, además de alentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, fomenta la participación ciudadana, mediante mecanismos que impulsen que la toma de decisiones de los gobiernos será en gran parte fundamentada en las demandas populares. Aseguró que estas reformas propiciarán que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones, pues está garantizado el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos aguascalentenses.
En el uso de la palabra, la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, señaló que México se encuentra en el ranking de los 50 países más corruptos, por lo que celebró y agradeció el apoyo de sus compañeros para la reforma en materia de transparencia, que permitirá conocer verdaderamente lo relativo al uso de los recursos públicos.
La legisladora del GPPAN reconoció el trabajo realizado en comisiones para la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes e invitó a votar a favor del dictamen respectivo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En su oportunidad, la legisladora Anayeli Muñoz Moreno, aseveró en tribuna que se da un paso importante con la aprobación de esta reforma, sin embargo dijo que la lucha por lograr la transparencia no termina aquí, pues hay un camino largo que se debe recorrer en aras de combatir la opacidad y los actos de corrupción.
La diputada Muñoz Moreno celebró que en el cuerpo del dictamen se incluyó un criterio que apeló el Instituto Nacional de Transparencia para eliminar el argumento “reservar cierta información, pero ahora sí esos documentos representan actos graves que violen o atenten contra los derechos humanos, se tendrá que hacer pública la información. Señaló que este era un argumento reiterado de dependencias y actores, obstruyéndose importantes investigaciones, lo que ya no será posible, en beneficio de las y los ciudadanos.
El dictamen en mención recibió el visto de bueno de todos los integrantes de la LXII Legislatura presentes en el salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”.
Enseguida, fue sometido al escrutinio de la Soberanía Popular, el dictamen de las comisiones unidas de Seguridad Pública así como de Justicia, sobre la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y a la Ley para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Aguascalientes, presentada por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
La propuesta del titular del Poder Ejecutivo tiene por objetivo armonizar algunas de sus disposiciones con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; precisar la naturaleza del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes, como un organismo público descentralizado; entre otras cuestiones que de manera general permitirán la completa entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, mejor conocido como de “los juicios orales”.
A favor de la propuesta se pronunció el diputado Enrique Juárez Ramírez, tras expresar que busca culminar la serie de reformas realizadas por el Congreso del Estado de Aguascalientes para la implementación del nuevo sistema Penal Acusatorio, que a final de cuentas tiene como meta garantizar la tranquilidad y seguridad de la sociedad, en un Estado de Derecho.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRI y PVEM especificó que la iniciativa contempla crear la unidad estatal encargada de la administración, ejecución y vigilancia, de las medidas cautelares y del cumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la suspensión condicional, dictadas en un proceso penal.
Juárez Ramírez señaló que el paquete de leyes aprobado previamente, construye el andamiaje jurídico para poner en marcha la modalidad para la procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos, atendiendo de manera efectiva a las víctimas y protegiendo a las personas que intervienen en los procesos penales.
Invitó suscribir la propuesta, en la búsqueda de una sociedad más justa, con igualdad, mayor inclusión y que permita que las familias forjen su porvenir con seguridad.
En la votación respectiva, el dictamen obtuvo la aprobación unánime de todos los diputados presentes en la sesión.
En primer turno en asuntos generales, el diputado del PAN Ulises Ruiz Esparza de Alba, hizo uso de la voz para presentar un documento mediante el cual solicita que la LXII Legislatura promueva una controversia institucional en contra de la Norma 046, publicada el pasado 24 de marzo de 2016, y la cual consiste en facultar a las adolescentes de entre 12 y 18 años para que soliciten la interrupción del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación y agresiones sexuales, sin necesidad de consentimiento de los padres o tutores.
Ruiz Esparza de Alba pidió a la presidenta de la mesa directiva, diputada Lourdes Dávila, sometiera el tema a consideración del Pleno Legislativo como asunto de obvia y urgente resolución, pues dijo que esto “abriría a la puerta a los abortos”.
Momentos antes de someterlo a la votación, se debatió sobre el formato que se presentaría el documento, al registrarse las participaciones de los diputados Jorge Varona Rodríguez, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, y de Leonardo Montañez Castro, quienes coincidieron que por ser un asunto delicado que involucra a varios sectores sociales, se debe abordar como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Al respecto, el legislador Jorge Varona Rodríguez, fijó el posicionamiento del GPPRI-PVEM, al aclarar que están de acuerdo que se revisen las garantías y los lineamientos constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Acto seguido, fue avalado que el punto de acuerdo fuera debatido como asunto de obvia y urgente resolución, por lo que se procedió a debatir su procedencia en contenido.
El legislador Eduardo Rocha Álvarez, señaló que no obstante que su grupo parlamentario coincide en que debe verificarse la norma a nivel constitucional, “un análisis técnico indica que dicha Norma Oficial Mexicana regula la prestación de servicios de salud por parte de las instituciones públicas, especialmente para la atención de caso de interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea producto de una violación, en los casos permitidos por Ley, conforme a las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas”.
El diputado del Grupo Parlamentario del PRI y PVEM dijo que de la lectura integral de la norma en cuestión, se entiende que sólo procede este protocolo de actuación médica en los casos estipulados en la norma penal, es decir, cuando el embarazo es producto de una violación, como lo establece el artículo 103 del Código Penal, procede la interrupción del embarazo, quedando a libertad de la mujer afectada la decisión de proceder en este sentido. Explicó que en el caso de que la víctima sea menor a 12 años, se requiere la solicitud del padre y/o madre, o a falta de estos, del tutor conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Por su parte, el diputado del PAN Israel Sandoval Macías ratificó su postura en contra de la Norma 046, pues la considera ambigua y dijo que permite que se abra la puerta para que se practiquen abortos con el pretexto de que se cometió un supuesto delito de violación sexual.
En el podio, el diputado Adolfo Suárez Ramírez afirmó que la NOM 046 invade la esfera legislativa de los representantes populares locales, que es “una violación fragrante a la Constitución del Estado de Aguascalientes” y que es contraria a la forma de pensar de la sociedad de Aguascalientes, que se ha pronunciado de manera irrestricta por el derecho a a vida.
El legislador panista subrayó que “cualquier norma que atente contra la familia es atentatoria del mismo estado” y añadió que si han defendido a los animales del maltrato en los circos, con mayor razón defenderán el derecho a la vida.
En la votación del punto de acuerdo, se recabó el voto positivo de todos los diputados presentes en el recinto parlamentario, por lo que el Congreso del Estado aprueba presentar un juicio de controversia constitucional en contra de la modificación realizada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016 como NOM-046-SSA2-2005.
La diputada de PAN Martha Márquez Alvarado solicitó el uso de la tribuna para presentar un Punto de Acuerdo a través del cual exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que mediante la Secretaría Estatal de Salud, se promueva una misiva en la que se solicite respeto a nuestro estado, el cual contempla sus disposiciones en el Derecho Penal, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre todo a los apartados de Patria Potestad y Tutela, porque dijo que no se debe soslayar la Soberanía y la autonomía legislativa de la entidad.
Tocó el turno de participación a la diputada Verónica Sánchez Alejandre, quien hizo alusión a la próxima celebración del Día de la Madre. En particular, expuso que “merecen nuestra más profunda admiración las madres que trabajan y son jefas de familia. Ellas son ejemplo para todos nosotros porque además de su labor como madres, sostienen a sus familias y apoyan cotidianamente a sus hijos. Son mujeres trabajadoras que realizan en casa una labor fundamental en la educación, el cuidado y el mejoramiento de la calidad de vida de sus hijos”.
Añadió que “las mujeres de Aguascalientes que son madres, son un ejemplo de trabajo y de responsabilidad, pero sobre todo, de entrega y entusiasmo para transformar nuestro entorno”, por lo que adelantó la felicitación para todas las mujeres que tienen que sacar adelante a sus hijos.
En su oportunidad, el diputado Gilberto Gutiérrez Gutiérrez aprovechó el uso de la tribuna para recordar la heroica batalla de Puebla, el 05 de mayo de 1862, en la que el Ejército Mexicano bajo el mando del General Ignacio Zaragoza defendió la soberanía nacional frente a las tropas francesas.
Gutiérrez Gutiérrez sostuvo que este hecho es una clara muestra de la determinación del pueblo mexicano que enfrenta las adversidades con valentía, con inteligencia y su deseo de salir adelante.
Por ello, convocó a la ciudadanía a seguir remembrando esta importante fecha histórica, pues esa gesta representa el sentimiento y carácter de los mexicanos.
Por su parte, el diputado Mario Alberto Álvarez Michaus, subió a la tribuna legislativa para presentar una iniciativa de ley para eliminar el fuero, medida que permite la inmunidad e impunidad penal y que calificó como “caduca, inútil y un escalón de desigualdad entre los políticos y lo ciudadanos”
El legislador del GPPAN recordó que esta figura legal se creó para defender la libre expresión de representantes populares y otros funcionarios, en tiempos en los que prevalecía la violencia y el abuso del poder. Ahora, señaló, se debe garantizar que personas que se sientan agraviadas por la clase política del país, puedan promover el enjuciamiento contra cualquier persona, pues a final de cuentas, quien nada debe no debe temer.
Sin otro asunto en el orden del día, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María de Lourdes Dávila Castañeda, clausuró los trabajos parlamentarios, no sin antes citar a la próxima sesión ordinaria del Pleno, que tendrá lugar el próximo jueves 12 del presente mes de mayo, en el lugar y hora acostumbrados.
