• Urge legislar para evitar este tipo de métodos violentos: diputada Ortega Martínez
• Analizan reformas a la Ley Federal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Código Civil
CIUDAD DE MÉXICO, sábado 21 noviembre 2020.- Al inaugurar el foro “Hacia la prohibición de los castigos corporales y humillantes”, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, afirmó que urge legislar en la materia, ante los efectos nocivos que provocan estos métodos violentos.
Dijo que es un tema de particular importancia para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. “Se trata del análisis de una reforma legislativa que tiene la vocación de lograr la realización de un cambio sociocultural en la vida cotidiana de las personas”
Estas agresiones, expresó, ocasionan pesadillas, trastornos del sueño, colitis e incontinencia urinaria; en el ámbito cognitivo, problemas de atención y alteraciones en la memoria; en el aspecto emocional, hiperactividad, miedo, depresión y estrés.
También dañan en la dimensión conductual, “que es quizá la más grave” porque termina por aceptar y normalizar la violencia en las relaciones y puede ser la base de alteraciones psicológicas y otras tendencias como el suicidio.
Añadió que ante la complejidad del problema y la integralidad que se necesita para su correcto análisis, se organizó este parlamento abierto, a fin de escuchar “la opinión y experiencia de distintos operadores finales de las normas que eventualmente se habrán de someter a aprobación”.
Refirió que el 23 de septiembre, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal para prohibir estas prácticas como método correctivo o disciplinario, porque se recurre a la violencia “bajo el pretexto de educar a los menores”.
Dijo que es un instrumento legislativo que aborda un problema generalizado y socialmente internalizado, como la aplicación de métodos violentos. “Es un fenómeno que hasta la fecha ha crecido de manera generacional y que, en gran medida, puede explicar las razones por las cuales nuestra sociedad vive inmersa en una espiral permanente de violencia.
Consideraciones de diputadas
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena) señaló que acompañará la iniciativa por los datos graves que hay. “Estamos hablando de 39.2 millones de niños, de los cuales 26 millones son menores de 11 años; somos el país con mayor abuso sexual infantil o dentro de los dos primeros lugares en el mundo, lo cual nos parece suficiente para legislar y acabar con este tipo de prácticas”.
Aclaró que con la propuesta no se penaliza, sólo se prohíbe la conducta. “Que se entienda claramente que no es el método a través del cual tenemos que educar a los niños”; se trata de un mensaje pedagógico que tiene como propósito ir modificando patrones de crianza, aseveró.
La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria de la Comisión, destacó la relevancia de proteger la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, así como su salud mental y psicológica, fomentando una disciplina propositiva, lo cual requiere presupuesto para apoyar las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.
Para ellos, agregó, el confinamiento ha sido muy complicado por los cambios de rutina al no asistir a las aulas; el estrés y los castigos corporales han aumentado.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión, afirmó que el Estado tiene una deuda con la infancia porque no se han cumplido las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
Sostuvo que es importante que los menores no sean sujetos de tratos crueles o correctivos que los humillen. Se requiere desplegar estrategias a fin de que tengan disciplina y directrices de sus padres y tutores con el objeto de que sean mejores personas.
La coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, señaló que muchas de las prácticas violentas contra niñas, niños y adolescentes atienden aspectos culturalmente aceptados. Muchas de ellas se aprecian por la sociedad como necesarias e inclusive justificadas o como parte de un modelo correctivo. “Si bien se ha atendido el tema, las prácticas no se han erradicado”.
Ante esto, consideró necesario dar pleno cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Se han realizado esfuerzos para garantizar todos sus derechos y que vivan una vida libre de violencia. “Dejar a este sector sin los recursos necesarios, también representa una forma de violencia”.
Poner fin a toda forma de violencia: Sipina
Patricia Colchero Aragonés, coordinadora de investigación y estudios del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina), sostuvo que estas prácticas violentas pueden reflejarse en trastornos de ansiedad y depresión. Es necesario erradicarlas en las escuelas y en diversos entornos. “Quien recibe este tipo de violencia las va a justificar y a reproducir”, afirmó.
Mesas de análisis
Al moderar la mesa 1, “Perspectivas desde las Procuradurías de la Niñez”, la diputada Lorena Vllavicencio Ayala (Morena) señaló que si realmente se quiere garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe haber presupuesto para que las instancias encargadas de atender estos casos realicen mejor sus funciones.
Participaron Claudia Angélica Tynan López, Cristel Yunuen Pozas, Rafael Brito Miranda, Luis Rodolfo Domínguez Jaramillo y Juan Carlos Rodríguez Mendoza, procuradoras y procuradores de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de los Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Michoacán, respectivamente.
Se propuso crear un tipo penal específico de violencia infantil, para visibilizar el problema; que la reforma contenga una visión punitiva, pero que no criminalice; fortalecer con presupuesto a estas procuradurías; cambiar categorías de prevención, crianza positiva y educación parental, así como difundir métodos más eficaces de educación mediante campañas de comunicación.
En la mesa 2, “Perspectivas desde la impartición de justicia”, magistrados y juezas apuntaron la importancia de juzgar con un criterio de infancia y que las sentencias tengan un lenguaje sencillo para que los menores sean informados sobre las decisiones adoptadas.
Raúl Aarón Romero Ortega, magistrado e integrante en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, y Emilia Camargo Pérez, jueza Primero Familiar de Texcoco, de la misma entidad, expresaron que están a favor de reformar las leyes que eviten castigos hacia los niños, por mínimos que sean.
Alejandra Ramos Durán, jueza en materia penal en Chihuahua, planteó que se pueda recurrir a la toma de opinión de los menores, porque se les considera incapaces de emitir una declaración. No obstante, se les somete hasta a 14 sesiones de declaración revictimizándolos en el proceso judicial.
Durante la tercera mesa, “Perspectiva desde la academia y especialistas”, expertos como Mónica González Contró, investigadora de la UNAM; Aracely Ornelas Duarte, investigadora; Jesús Amaya Guerra, catedrático de la Universidad de Monterrey, y Sofia Cobo Téllez, investigadora, destacaron la intervención del Legislativo para erradicar este tipo de actitudes violentas contra el sector.
Comentaron que se deben prohibir castigos corporales y cualquier acción como forma de violencia hacia la niñez, además de trabajar en la prevención y proporcionar un presupuesto adecuado para atender el tema.
En la mesa 4, “Perspectivas desde la sociedad civil”, participaron Nancy Ramírez Hernández, directora de Incidencia en Política Pública de Save the Children; Carolina Nieto, directora ejecutiva de Ashoka, y Miguel Ángel Plata Mejía, fundador de MAAS Infancia Feliz, quienes resaltaron la importancia de generar un cambio cultural para erradicar estas prácticas y armonizar otras leyes, a fin de hacer explícita esta prohibición en todos los ámbitos.
Plantearon garantizar a las instituciones atribuciones específicas, campañas de información y sensibilización; acceso a programas de formación para desarrollar habilidades de crianza positiva; fortalecer a procuradurías de protección que no han tenido el nivel institucional, político ni presupuestario que les permita operar conforme a la magnitud de la violencia, así como trabajar en el desarrollo de capacidades de niñas, niños y adolescentes.
