- Los cambios en el decreto fiscalizador buscan simplificación administrativa y seguridad jurídica; también la modernización para reconocer a la tecnología como parte importante de dar servicios a los contribuyentes.
CIUDAD DE MÉXICO, martes 22 septiembre 2020.- En el segundo foro virtual que organizó la Comisión de Hacienda y Crédito Público para analizar el Paquete Económico 2021, senadores y organizaciones empresariales de distintos sectores de la economía manifestaron sus puntos de acuerdo sobre la Miscelánea Fiscal e hicieron diversas propuestas para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia.
Al respecto, el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez destacó que con las propuestas de reforma a los ordenamientos que integran la Miscelánea Fiscal, particularmente, al Código Fiscal de la Federación, se procura no dar oportunidad a la comisión de ilícitos, sino se busca la prevención y se promueve el cumplimiento voluntario en la presentación de declaraciones a fin de aumentar la recaudación.
Apuntó que las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado se centran en alinear las disposiciones aplicables a servicios digitales, que entraron en vigor en junio de este año.
Peralta Suárez aseguró que la recaudación en 2021, jugará un papel importante para salir delante de la problemática que dejará la pandemia que vivimos actualmente.
La senadora Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Hacienda, precisó que en las propuestas hay muchos “colmillitos para la autoridad, y prácticamente nada del lado del derecho de los contribuyentes”.
El titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ernesto Molina Chávez, expuso que los ejes que motivan los cambios en el decreto misceláneo son la simplificación administrativa y seguridad jurídica; la modernización, para reconocer a la tecnología como parte importante de la gestión de servicios hacia los contribuyentes.
Asimismo, agregó, la gestión tributaria, para fomentar el cumplimiento voluntario y correcto de obligaciones fiscales por parte del contribuyente; la eficiencia recaudatoria, y el combate a la corrupción e impunidad.
Precisó que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se perfeccionan las donatarias autorizadas, con el objetivo de asegurar que los recursos que se obtienen por estas actividades, se destinen al objeto social para el que han sido autorizadas.
En la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dijo, se hacen precisiones respecto a la reforma de plataformas digitales, para obtener la recaudación correspondiente por actos que se realicen a través de estos medios. Además, se especifican supuestos pendientes o que no estaban claros y se hacen precisiones para los servicios de medicina exentos.
Respecto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ernesto Molina, precisó que se prevé asegurar una recaudación frente a la volatilidad de precios de combustibles, ante posibles escenarios que eviten efectos inflacionarios, para que el Estado no pierda recursos y pueda cumplir con sus compromisos de gasto.
En tanto al Código Fiscal de la Federación, mencionó que la reforma es amplia, resultado del ejercicio de las áreas normativas y operativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se identificaron áreas de oportunidad para precisar sus funciones y allegarse de herramientas, que no sustituye a lo establecido en el Código, sino que se adicionan para el mejor ejercicio.
En su turno, Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió al Congreso “una deducción inmediata temporal”, para hacer frente a los estragos ocasionados por la pandemia, como sucedió en otras épocas de emergencia, como en el terremoto de 1985.
Indicó que 2020 es un año atípico por muchas circunstancias y empresas pequeñas, medianas y grandes tuvieron la necesidad de recurrir al financiamiento, lo que significa una carga muy alta para ellas. Por eso, agregó, invitamos a las autoridades a la reflexión sobre si este año debe existir una disposición como la deducción inmediata.
Nora Morales y Ricardo Cervantes, integrantes de la Comisión Fiscal del CCE, cuestionaron modificaciones a medidas como la cláusula general anti abuso, aseguramiento precautorio y acuerdos conclusivos, además solicitaron que en el uso de herramientas tecnológicas se garantice la protección a la información confidencial de los contribuyentes.
Respecto a las adecuaciones propuestas al aseguramiento precautorio, Nora Morales advirtió que éstas son inconstitucionales, pues se pretende aplicar esta medida a terceros relacionados con algún contribuyente, por lo que su patrimonio puede verse afectado.
Por su parte, Pedro Higuera Velázquez, representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), expuso su preocupación ante el cobro de una cuota adicional a las gasolinas cuando los precios sean bajos. En materia de minería, dijo que se debe mantener el acreditamiento de derecho superficiario contra derecho especial de minería.
No hacerlo, subrayó, aumentará la carga del sector en un momento en que ha caído 15.8 por ciento del PIB, en este segundo trimestre. No obstante, puntualizó, desde 2015 a 2019, ha duplicado su aportación a la recaudación en 100 por ciento por ISR.
A su vez, Juvenal Lobato Díaz, presidente de la Comisión Fiscal de COPARMEX, señaló que la cláusula anti abuso no es algo que pueda abonar a la seguridad jurídica de los contribuyentes. Asimismo, expresó su preocupación porque pareciera que se busca poner obstáculos para que los contribuyentes no presenten solicitudes de devolución.
También coincidió en que los cambios propuestos a la figura del aseguramiento precautorio podrían tener visos de inconstitucionalidad. Comentó que en el paquete no hay nada para combatir la informalidad; se ponen todas las cargas sobre los contribuyentes de siempre, apuntó.
Alma América Bárcenas, presidenta de la Comisión Fiscal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), criticó que las propuestas de reforma fiscal se presentan cada vez con mayor complejidad administrativa, mayores facultades de fiscalización, que rayan en lo absurdo y que frecuentemente son violatorios de derechos fundamentales, y con una carga fiscal mucho mayor.
Dijo que estas características hacen cada vez más difícil la productividad de las empresas y ocasiona que muchos opten por operar en la informalidad o buscar esquemas complejos para disminuir la carga tributaria, lo que trae consigo una disminución de la recaudación
Por ello, propuso crear un grupo formal de trabajo para romper este “círculo vicioso” y trabajar en conjunto para desarrollar una nueva relación entre el Estado y los contribuyentes, mediante el consenso y entendimiento.
Manuel Rodríguez Villamil, Vicepresidente de Enlace Legislativo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), apuntó que en la Ley de Ingresos la tasa de retención de intereses es muy alta, a pesar de la reducción propuesta del 1.45 al .97 por ciento, por lo que planteó nque la tasa máxima sea de 0.35 por ciento.
Afirmó que no son necesarios los cambios al Código Fiscal, pues de existir alguna conducta penal, la autoridad cuenta con fundamentación en el propio Código para proceder.
Sugirió la deducción inmediata de inversiones para mejorar los flujos; reestablecer la compensación universal; implementar mecanismos que incentiven a inversionistas nacionales y extranjeros, considerando políticas fiscales de la OCDE, y establecer en la Ley los beneficios del decreto de estímulos fiscales de la frontera norte, así como la cultura del debido control.
En su turno, José Guillermo Zozaya Délano, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), expuso que debido a la pandemia, la crisis económica global y la recesión en el país provocó que en agosto de este año se fabricaran 13.2 por ciento menos autos ligeros, que en el mismo año del mes anterior; el acumulado del año cayó 32.6 por ciento, precisó.
Mencionó que las perspectivas no son alentadoras y según datos de expertos la industria automotriz mexicana podría llevarse cerca de cuatro años en recuperar los niveles de producción, exportación y ventas.
Por ello, planteó una serie de reformas para reactivar el mercado interno que contemplan la aplicación de una tasa cero de por ciento de IVA a los vehículos híbridos y eléctricos, y que se puedan deducir al 100 por ciento en un año, aquellos que cuenten con tecnología amigable con el medioambiente, con un valor de hasta 350 mil pesos.
Destacó que esta iniciativa integral traerá beneficios en el corto y mediano plazos, estimulará el mercado interno, a través de incentivos fiscales ayudará a renovar el parque vehicular.
Miguel Malo Serrano, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, expresó la preocupación que genera la alta accesibilidad de bebidas alcohólicas en México, pues genera una alta carga sanitaria y económica que se profundiza con la actual pandemia.
Consideró que está claramente justificado, desde el punto de vista de salud pública, que haya un aumento a los impuestos a este tipo de productos, lo que ayudará a mejorar la salud de la población, reducir los gastos en salud y las pérdidas de productividad, aumentar la recaudación tributaria con ingresos estables e inmediatos.
Karla Siqueiros, de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, refirió que este producto representa el 4 por ciento de los ingresos presupuestales del gobierno, entre IEPS, ISR e IVA, además, indicó, la cerveza es la que más impuestos paga dentro del ramo de bebidas con contenido alcohólico.
Se pronunció en mantener el esquema actual para este producto, tal como se propone en el Paquete Económico para 2021 y reconoció que el Ejecutivo cumpla su compromiso de no aumentar impuestos.
Irla Espinosa López, Directora de Desarrollo del Autotransporte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), explicó que el reglamento de la Ley del IVA, contradice al T-MEC y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, colocando al autotransporte de carga mexicano en situación de desventaja frente al de Estados Unidos.
De seguir aplicándose las disposiciones de la Ley actual y su reglamento, aseguró, los costos se incrementarían por el acreditamiento parcial del IVA de los gastos e inversiones necesarias para prestar el servicio, en más de un once por ciento, para el autotransporte de carga mexicano. Presentó propuestas para modificar los artículos 16 y 29 de la Ley.
