Al coordinador general del periódico PorEsto de Quintana Roo y al jefe de información, …muchas gracias, por incluir este día mi entrega en su diario!….
Se debe rescatar la dignidad del pueblo Maya
Graciela Machuca Martínez
—Políticos y empresarios arrebataron sus legitimas bellezas naturales.
—Impusieron un horario que solo beneficia al poder del dinero.
—La actual política para los mayas “Divide y vencerás”
COMUINICADORES POR LA UNIDAD, lunes 3 febrero 2020.- Conforme pasan los años, las décadas, las centurias, el esplendor de la cultura maya, una de las culturas madres de la humanidad, va dando paso a la oscuridad y actualmente, la clase política se ha encargado de destruir y dividir al pueblo maya, particularmente la que habita en el hoy llamado estado de Quintana Roo, ante ello, hay que rescatar su dignidad, como dice el cronista de Felipe Carrillo Puerto, Mario Chan Collí.
Quienes han gobernado estas tierras mayas desde la época de la Colonia hasta nuestros días, han tenido el propósito de sepultar su grandeza y usufructuar el legado tangible e intangible, tras el aniquilamiento de los mayas de carne y hueso, quienes han sobrevivido a las masacres del conquistador, pero que ahora viven en la pobreza, en el abandono y son “objetos” utilizables de programas gubernamentales con fines electorales o para legitimar proyectos económicos que en nada los benefician, más que convertirlos en mano de obra barata y mal pagada.
Sí, hay que rescatar la dignidad del pueblo maya y de los demás pueblos originarios que han migrado a Quintana Roo, donde su voluntad política es disputada por los grupos políticos y económicos que convirtieron a esta entidad en su mina de oro.
Cada que está en juego el control político o económico de un municipio o del estado, quienes integran la clase política recurren a los indígenas mayas para legitimar sus acciones y los métodos utilizados no les importan, a pesar que pongan en riesgo a la organización comunitaria y a la endeble estructura social incluso a la paz social del pueblo maya.
Cuando por ley se conformó el llamado Consejo Supremo Maya al que se integrarían los dignatarios mayas, nadie los tomó en cuenta, simplemente se les dijo, ya forman parte del Consejo y de esta manera su estructura social, religiosa y política interna fue secuestrada por el Estado, para legitimar el uso de presupuestos de manera corporativa, como sistemáticamente lo hace el régimen político mexicano, esté en el poder el partido político que sea.
Recientemente, al crearse por la XV Legislatura de Quintana Roo el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Inmaya), tampoco se les consultó, solo se reformó de manera cosmética la Ley de Organización, Derechos y Cultura del Pueblo Maya y otras normas para dar legalidad a la operación de un nuevo ente burocrático destinado a cooptar y debilitar la organización indígena que había sobrevivido en el Consejo Supremo Maya.
Intereses partidistas llevaron a la intromisión de la burocracia del Inmaya en la organización del Consejo Supremo Maya para instrumentar la destitución del general José Isabel Sulub Cimá, como presidente, quien manifestó su simpatía por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, postura política contraria a quienes conformaron la alianza PRD-PAN en Quintana Roo.
El general José Isabel ya no respondía a los intereses de los panistas y perredistas en Quintana Roo por lo que fue humillado y destituido del Consejo Supremo Maya, más aún, cuando se negó a firmar documentos que avalaban obras inconclusas en los centros ceremoniales mayas. No quiso ser cómplice de actos de corrupción y ello lo marcó como enemigo número uno y desde el Inmaya se orquestó su destitución.
Una de las obligaciones de este organismo estatal es entregar un apoyo económico de 500 pesos al mes a los 482 dignatarios mayas que se encuentran asentados en un padrón, pero durante los últimos meses, al general José Isabel y a un grupo de sus seguidores de los cinco centros ceremoniales se les dejó de pagar, por causas aún no explicadas por el Inmaya. Además, de que en repetidas ocasiones se le negó a integrar al padrón a otros dignatarios que reúnen los requisitos de ley.
Días antes de que se aprobara el Presupuesto de Egresos para el año 2020, José Isabel y sus simpatizantes llegaron hasta el Congreso para decirle a sus integrantes que no querían ningún trato con el Inmaya, ya que se estaba inmiscuyendo en la organización interna del Supremo Consejo Maya y ha excluido de los beneficios a un amplio sector de los dignatarios.
A río revuelto, ganancia de pescadores y el diputado Hernán Villatoro Barrios, se apresuró a proponer, que como la gente de José Isabel no quería tratos con el Inmaya, mejor se creara otro consejo con el nombre de Jacinto Pat, que se encargara de distribuir recursos de manera directa a los dignatarios.
La improvisación y la falta de asesoría en el manejo de la normatividad para ejercer recursos públicos provocó que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, aprobara su propuesta, pero con una serie de candados técnicos que la hicieron inviable.
Sin embargo, el simple hecho de que en el presupuesto se hiciera mención que cinco millones de pesos quedaban etiquetados en el presupuesto del Inmaya para la operación del Consejo Jacinto Pat, encendió las luces de alerta entre los ahora directivos del Consejo Supremo Maya y sus asesores del Inmaya, por lo que se reunieron con una comisión del Congreso para manifestarles su inconformidad.
La confrontación entre los grupos parlamentarios que buscan por un lado defender los intereses del gobierno federal y por el otro, los de la alianza PAN-PRD en el estado, agudizaron la división entre los dignatarios mayas.
En este rejuego de intereses aparece como protagonista el diputado federal plurinominal Luis Alegre, quien ya se considera candidato a gobernador para los comicios del año 2022 y quien está seguro de contar con luz verde para hacer precampaña y su intromisión en las comunidades mayas le permite seguir influyendo en el electorado indígena. En política todo se vale, dicen los políticos y Luis Alegre es un ejemplo de ello. Todas las veces que quiso utilizó la investidura del general José Isabel, pero ahora que este último decidió apoyar al presidente de la república, el diputado federal participó en su destitución y ahora apoya incondicionalmente al nuevo presidente del Consejo.
A pesar de los cercamientos diplomáticos entre López Obrador y la clase política que gobierna Quintana Roo, en la guerra por la gubernatura ninguna de las partes va a claudicar y los miles de indígenas mayas que viven en la entidad y que formarán parte de la lista nominal del 2022 son piezas intercambiables por algunas monedas, aprovechándose de su pobreza y marginación.
Durante las discusiones en la Comisión de Hacienda para etiquetar los cinco millones de pesos, salió a relucir la necesidad de auditar al Inmaya, pues el informe presentado por su titular durante su comparecencia no reflejan la realidad del pueblo maya y tampoco se justifica la exclusión de dignatarios por simpatía política.
El cronista de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, manifestó en entrevista que el asunto de los dignatarios mayas “ha sido muy mal manejado, desde un principio, creo que se debe respetar la Ley de Organización, Derechos y Cultura Indígena”.
Como observador de la sociedad carrilloportense y conocedor de la cultura maya, vio una transformación “a partir de la actual administración estatal, que fue que por alguna razón, tal vez política, empezaron a generarse algunas inconformidades dentro del grupo de la etnia maya, dentro de los líderes del Gran Consejo Maya”.
A partir de esta administración “se le da otra figura al Gran Consejo Maya de Quintana Roo, se establecen presupuestos, presupuestos que ellos nunca, hasta la fecha, nunca han podido saber cuánto es lo que les asignan, entones hay un Instituto de la etnia maya que actualmente avala la nueva directiva del Gran Consejo Maya, sin embargo vemos que la reciente visita del presidente López Obrador, el mismo presidente, respalda y le da cabida al antiguo general don Isabel Sulub”.
Considera que “en realidad, nunca se fundamentó el cambio del general Sulub, nunca, hubo, que yo sepa, no hubo ningún sustento legal para separarlo del cargo, además, son cargos vitalicios y honoríficos también, porque no tienen un sueldo, entonces se dio ese cambio e inesperadamente se crea una nueva figura, un nuevo equipo de trabajo, en el que entra como presidente un sargento que no tiene ni el rango de general y es el presidente del Gran Consejo Maya”.
