COSA DE PRENSA

El corrupto Seguro Popular se robó 88 mil millones de pesos desde 2012.

Presidente y gobiernos rebeldes
Venganza por delegados federales
Incumplimiento al Pacto Federal

Javier Rodríguez Lozano

AGUASCALIENTES, Ags., jueves 16 enero 2020.- Nos dice el Presidente que su reunión del martes con los gobernadores fue para refrendar el compromiso de respetar la soberanía de los estados. “Les dije: No vamos a tratar temas políticos ni administrativos, ni mucho menos presupuestales”. Sin embargo, todo es político. Adelantó que hoy jueves se presentará el Plan de Salud. Aquí también, el Jefe del Ejecutivo falta a su responsabilidad de recordarles a los estados el Pacto Federal y por tanto, su obligación de acatar las políticas federales. Sin duda, la controversia desatada por el debate en torno al nuevo sistema mexicano de salud pública, que en su proceso de cambio abate las estructuras corruptas que distinguían, por ejemplo al Seguro Popular, desde 2012 al robarse los malos funcionarios más de 88 mil millones de pesos, huele a una venganza política de al menos 13 gobiernos de los estados, 12 de ellos emanados del Partido Acción Nacional y con ellos el jalisciense de Movimiento Ciudadano, propiedad de Dante Delgado Ranauro, Enrique Alfaro, que data de noviembre de 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador anunció que quitaría los dos mil 300 delegados y subdelegados federales, con sus respectivas burocracias que había en las 32 entidades del país. Eran puestos políticos en los que los gobernadores colocaban a sus incondicionales; y eso se acabó… En desquite, 13 gobiernos de los estados incumplen el Pacto Federal que viene de la primera Constitución de 1824 y que conjunta las voluntades de los estados del país. En opinión del profesor del Departamento de Disciplinas Sobre el Derecho, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Carlos Ruiz Moreno: “El Pacto Federal es un acuerdo de igualdad. La soberanía es igualdad entre los estados que los hermana, para reconocer un Gobierno General que los represente, y ese será el Gobierno Federal de la República”… Evidentemente, tanto el Presidente López Obrador como los mandatarios rebeldes incumplen la Carta Magna que protestaron cumplir al asumir su alta responsabilidad de autoridades: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”… Ayer, el Primer Mandatario dijo que hoy jueves se informará sobre cuántos gobiernos estatales han aceptado adherirse de manera voluntaria y cuántos no, “porque insisto, es voluntario”… Jocelyn Gutiérrez, de político.mx, preguntó: “Ayer los gobernadores del PAN señalan que van a presentar una propuesta para que opere el Insabi. ¿En este caso usted estaría dispuesto a revisarla y, en caso de aceptarla, ponerla en pie?”. El Ejecutivo federal fue precisó: “Es que no es conmigo, es con la ley”. Esto quiere decir que los gobernadores se equivocan de ventanilla; sus legisladores federales deben presentar esa iniciativa al Congreso de la Unión. Explicó López Obrador: “Es que la Constitución, que no se cumplía desde hace 25 años, establece en el artículo 4º el derecho del pueblo a la salud y la nueva ley de salud establece la gratuidad, es decir, el mexicano tiene el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Sobre esto vamos a hablar mañana, sobre este plan, y se va a garantizar ese derecho”. Explicó el Presidente que hay resistencias, “porque para los conservadores -yo creo que, en México sin duda, pero también en el mundo- todo debe privatizarse. El conservador tiene como pensamiento dominante el que la educación se tiene que pagar, la salud se tiene que pagar. Nosotros tenemos una concepción distinta. Ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos, el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y lo mismo el caso de la salud. Entonces, eso para ellos es inaceptable, es un asunto ideológico. Pero ya está en la Constitución, ya está en las leyes. Y además es voluntario, que ellos expliquen en sus estados, los que no participen, por qué van a haber cuotas de recuperación, por qué van a cobrar la atención médica y los medicamentos. Es sencillo. Nosotros lo que queremos es sólo aclarar: en este estado no tenemos nosotros la responsabilidad o se va a cumplir la Constitución y la ley en lo que corresponde a instituciones del gobierno federal. Vamos a poner un ejemplo. Si en Yucatán dice el gobierno del estado: ‘Yo no acepto lo de la gratuidad’, en Yucatán el Seguro Social tiene el programa IMSS-Bienestar que es federal, ahí sí se aplica, en los que van a la atención a los hospitales y a las unidades médicas del IMSS-Bienestar; en el caso del Issste es una obligación atender a los derechohabientes; el Seguro en su régimen ordinario, lo mismo. Esto que estamos hablando del IMSS-Bienestar es la atención a población abierta a quienes no tienen la seguridad social; entonces en estos casos sería gratuita, sólo que en el caso del IMSS-Bienestar se tiene cobertura en 19 estados, no en todos”.