COSA DE PRENSA

Jueces corruptos protegen delincuentes
Una manera de acallar crítica de prensa
No buscan quien deba, sino quien pague

Javier Rodríguez Lozano

AGUASCALIENTES, Ags., lunes 1 abril 2019.- El hartazgo mayoritario en la población llevó a unas elecciones presidenciales inéditas el año pasado. Todas las encuestas coincidían en que el único candidato presidencial que luchaba con denuedo contra la corrupción y la impunidad iba adelante en la carrera, de principio a fin. Aun a aquellos ciudadanos que no convencía del todo ese perfil progresista y libertario, admitían que era el único que podría representar un cambio de rumbo, a un país que se ahogaba en las malas prácticas y la intocabilidad de quienes las perpetraban. Todos sabíamos que la corrupción y la impunidad nos asfixiaba y que los esfuerzos que se hacían no eran suficientes. Así lo explicaba al menos, el más macabro de sus escenarios: el asesinato de cientos de periodistas desde 2006, cuando otro mal Presidente declaró la guerra al crimen organizado, sin tener la más remota idea de cómo enfrentarlo. No solo cayeron también cientos de agentes de la ley de todos los niveles, sino que el poder periodístico sería seriamente diezmado y no hubo entonces como ahora, instituciones ni ideas inteligentes que frenaran, por un lado, a la delincuencia organizada, y por otro, a los asesinatos de periodistas. Hemos llegado a tal extremo de gravedad que don Rafael Loret de Mola Vadillo –hijo de aquel periodista yucateco, Carlos Loret de Mola Mediz, asesinado también por la mafia del poder en 1986- anuncia que se retira del periodismo “porque no hay garantías para ejercerlo”. Protesta así contra la falta de un criterio gubernamental en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ofrezca las condiciones mínimas indispensables para practicar en México el periodismo, más o menos con determinados niveles de certeza y confianza. No, no hay nada de esto, porque lo que ofrecen el Presidente López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, no es suficiente para salvaguardar la vida de las y los periodistas y sus familias, especialmente en la provincia de México, donde los gobernadores se limitan a asegurar sus entornos personales, sin que les importen en lo más mínimo los de quienes ejercemos el periodismo con la convicción de no servir de alfombra a ningún tipo de poder; ni al político, ni al criminal… A falta de estrategias violentas para acallar la labor de los periodistas críticos en provincias como Aguascalientes, se echan a andar los mecanismos subterráneos del poder para contrarrestarlos y empobrecerlos. Algunas juezas y jueces en materia mercantil aguacalentenses, están actuando de la misma manera que algunos jueces, por supuesto, venales y corruptos, que han dejado en libertad a personajes que la opinión pública tiene plenamente reconocidos como delincuentes potenciales, como fue el caso de Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 por un Tribunal Federal en Materia Penal en Jalisco, y este año, el caso del líder huachicolero José Antonio Yepez, El Marro, y su cuñada Angélica, liberados por un juez del fuero común porque no les encontró delitos del orden federal. En Aguascalientes, un exagente de la policía federal, habilitado como abogado, con cuestionable cédula profesional y con muchas averiguaciones previas en su contra, todas ellas “archivadas”, se colude con malas actuarias para a cambio de unos cuantos pesos, practicar embargos de bienes, no a quien la hizo, sino a quien la pague… En otro caso, un juez en materia mercantil dio por bueno un pagaré originalmente firmado por el deudor por la cantidad de dos mil quinientos pesos, que el agiotista y su abogado, “convirtieron” en más de doce mil pesos, y procedieron también a embargar no a quien debía, sino a quien les pagara, un ciudadano que nada tenía que ver en la demanda… El punto es que los jueces mercantiles en Aguascalientes, coludidos con delincuentes, validan todo tipo de documentos alterados, falsificados dolosamente por agiotistas y abogados, para practicar embargos a personas ajenas a esas demandas, algo totalmente injusto, pero así está en Aguascalientes el Estado de Derecho.