Jueces violan división de poderes al otorgar amparos contra reforma al Poder Judicial: Presidente
“No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes”, expuso el mandatario.
En conferencia de prensa matutina explicó que estas medidas ilegales evitarían que la reforma al Poder Judicial se envíe a los congresos estatales para su votación y aprobación, tal como establece el artículo constitucional 135.
“Como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras (de Diputados y Senadores) sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales aprueben, pero esta juez dice: ‘no se envíe a los estados’, o sea, pretenden detener el proceso legislativo y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes; de ningún otro poder”, abundó.
También expuso este artículo estipula las funciones del Poder Legislativo en cuanto a reformas a la Carta Magna, así como su procedimiento:
«La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas».
En tanto, el artículo 61 de la Ley de Amparo determina que los juicios son improcedentes «contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
“Es la Constitución, es la ley de amparo y, además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia, ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. (…) O sea, no funciona el juicio de amparo, que es lo que están haciendo estos jueces”, argumentó el jefe del Ejecutivo.
Reiteró que, por esta y otras razones, es necesaria la reforma al Poder Judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo.
El Ejecutivo propone elegir con voto libre, secreto y directo a jueces, magistrados y ministros, como sucede en los comicios para decidir presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías, gubernaturas y la propia Presidencia de la República.
“Los jueces van a saber a ciencia cierta que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial que, desde hace tiempo, se empezó a corromper porque no sólo era el influyentismo sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares. Es el poder con más nepotismo de los tres poderes; trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF, es el poder de la familia”, puntualizó.
“Es bastante la corrupción. No se atiende al pueblo que exige justicia, están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico y del poder político y de la delincuencia organizada”, agregó.
El presidente López Obrador aseveró que abogadas y abogados titulados, honestos e íntegros pueden ser elegibles en este ejercicio democrático que pone al centro las decisiones del pueblo, contrario a lo que plantea el bloque conservador.
“Bueno, ¿qué dicen? ‘Que no cualquiera puede ser juez’. ¿Por qué no si cumple los requisitos?, ¿qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República?, ¿y por qué al presidente se le elige o gobernador de un estado o presidente municipal?”, cuestionó.
“Hablan de Estado de derecho y es Estado de chueco y ya es asunto no estrictamente jurídico; es un asunto, por tratarlo bien, político, pero en realidad politiquero porque ya están metidos ahí personajes de la política, de los partidos opuestos, del conservadurismo”, añadió.
Recordó que en su sexto y último informe de Gobierno, convocó a las y los asistentes a una votación a mano alzada sobre la reforma al Poder Judicial. En esta consulta espontánea en el Zócalo de la Ciudad de México, el pueblo se pronunció a favor de elegir entre la ciudadanía a jueces, magistrados y ministros de manera democrática.
“La gente está muy politizada, muy consciente. (…) La democracia es el poder del pueblo”, expresó.
El mandatario celebró que las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México han asumido una actitud prudente respecto a la discusión de la reforma al Poder Judicial luego de la pausa en el trato con los diplomáticos Ken Salazar y Graeme C. Clark, quienes emitieron hace algunos días comentarios injerencistas.
“El hecho de que ellos ya no estén opinando sobre el tema de la reforma judicial en México lo veo como una política de responsabilidad, de prudencia porque, en efecto, ha pasado como una semana y no hay declaraciones sobre el tema y nosotros celebramos eso porque ese es el propósito: que ningún país extranjero, de cualquier signo político, ideológico, intervenga en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, porque permitirlo es aceptar que violen nuestra Constitución y que no somos un país libre y soberano. Afortunadamente han actuado con mucha prudencia después de ese pronunciamiento y espero que las cosas vayan mejorando”, planteó.
