la muerte
Carlos Ferreyra Carrasco
CIUDAD DE MÉXICO, lunes 30 de julio de 2018.- Patricio Floresmeyer, de 22 años, transitaba por una carretera cualquiera. Un tractor que remolcaba dos remolques, manejado a alta velocidad y seguramente sin las condiciones mecánicas adecuadas, se despistó y aplastó el vehículo en el que viajaba el joven.
Antes, no mucho antes, en la carretera que llega al Distrito Federal por el occidente, otro tráiler de similares características, se lanzó contra un autobús con jóvenes universitarios. Fue una masacre.
Entonces, como ahora, se empezaron a escuchar las voces de legisladores payasos que pidieron revisar las concesiones para el tránsito de estos vehículos. Mucho ruido y ningún resultado, después de concluir que ni los caminos de México, ni los sistemas mecánicos en servicio en el país, están aptos para cargar más de 80 toneladas en plataformas de 50, 70 metros de extensión.
El periódico “La Crónica de Hoy”, publicó entonces un resumen: cinco millones 600 mil personas están en peligro por el tráfico incontrolado de vehículos con cargas letales que no son supervisadas; mil 200 accidentes en cuatro años protagonizadas por pipas con gasolina, gas y otros elementos mortales (como leche,) con saldo de 200 personas muertas y pérdidas por 18 millones de dólares.
Después de múltiples sesiones de trabajo, de mesas redondas, cuadradas y de todo estilo, a los legisladores que promovieron el tema los “convencieron” que no pasaba nada, que eran exageraciones y dejaron pasar tiempo en espera de que se calmaran las aguas. Y así fue. Tras la muerte de doce jóvenes aplastados por un doble remolque en la carreta México–Toluca, se emitieron simples recomendaciones para reducir el peso de la carga, el largo de los convoyes y la edad de los tractores.
Recordábamos en un comentario, que “el promedio de vida de las unidades de arrastre en circulación por el país es de veinte años en que son renovadas, vueltas a renovar las fuentes de poder sin tocar frenos, suspensión y otros elementos necesarios para el funcionamiento seguro del equipo que así escenifica, una y otra vez, el cuento de los camiones sin frenos. Los motores viejos, aunque reparados, carecen de la fuerza suficiente para el control del convoy que siempre va con exceso de peso”.
Nuestros legisladores, tramposos por naturaleza, hablaron de máximo 75 toneladas pero incluyeron un artículo transitorio que permite sobrepasar los 80 mil kilogramos. La extensión de cada vehículo no debería rebasar los 31 metros, pero se alargan mucho más de 50 metros equivalentes a medio campo de futbol, con el simple expediente de anunciar en la segunda plataforma que se trata de dos “semiremolques” que no son tales sino remolques completos.
Para facilitarles el negocio a los dueños de los tractocamiones, se opinó que no se debe permitir la construcción a menos de 30 metros de las carreteras. En la que va a Pachuca, había 40 metros pero alguien decidió aumentar dos carriles de cada lado, acercó a cuatro metros las viviendas y la consecuencia fueron 25 personas calcinadas cuando un tráiler se estrelló contra una casa.
Otros incidentes merecieron escándalo, pero no la solución. En la carretera de Irapuato a La Piedad una pipa con dos salchichas se incendió, invadió el carril contrario, se proyectó contra un camión con doce pasajeros y un automóvil particular. Murieron nueve personas y el resto quedó herido gravemente.
Los dos tanques llevaban 43 mil litros de combustóleo cada uno (unas noventa toneladas) que explotaron calcinando a ocho pasajeros y al chofer del tráiler. Los habitantes de la comunidad de El Guayabo presenciaron la espantosa escena de muerte de las víctimas.
En la autopista México a Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, otro tráiler provocó una carambola, llevaba leche pero igual explotó, se incendió y murieron ocho personas. La pipa, por la pérdida de control del chofer, invadió los carriles contrarios y arrasó con un autobús de pasajeros, un taxi, seis camionetas y seis vehículos particulares.
“En todos estos accidentes las conclusiones han sido las mismas: fallas humanas, exceso de velocidad y sobre explotación de los choferes que deben trabajar a destajo con horarios medidos y cumplir con tiempos de recorrido, así hayan apenas dormido, para cumplir las exigencias de los patrones, que los dotan de drogas para mantenerlos despiertos en los recorridos de frontera a frontera”, apuntaba nuestro comentario.
De acuerdo con las normas vigentes en otros países, estos vehículos sólo circulan por determinados caminos en horarios previstos. En México van a toda hora por carreteras que terminan destruidas por el peso de la carga, y cruzan por las ciudades sin ninguna prevención.
En Estados Unidos los tráileres arrastran un máximo de 40 toneladas. En nuestro país, demostrado, no sólo rebasan el máximo permitido de 75 toneladas, sino que llegan a arrastrar 90 y más toneladas. Todo sea para beneficio de los pulpos que controlan el sistema, cuyos permisos están en mayoría en poder de viejos políticos, los mismos que acaparan las líneas de pasajeros y que lograron anular a los ferrocarriles.
Además de fijar las tarifas a su conveniencia, los pulpos camioneros obligan al gobierno a abrir carreteras donde interesa a su negocio. Con las autopistas concesionadas la situación es aparentemente distinta, pero en compensación les concedieron deducción en Impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado.
También suprimieron las básculas camineras, donde debían constatar que estaban dentro de las normas en peso y medida para circular. Las casetas con las básculas están abandonadas porque cada empresa mide y pesa sus vehículos y los reporta a las autoridades.
Y como remate: en los accidentes, los concesionarios participan en el dictamen. Ellos deciden culpas…
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